Un ERTE FM, abreviatura de Expediente de Regulación Temporal de Empleo por Fuerza Mayor, es una medida excepcional adoptada por las empresas ante situaciones imprevistas y extraordinarias que les impiden continuar con su actividad normal.
Este tipo de expediente puede ser solicitado por empresas que se ven obligadas a suspender temporalmente los contratos de trabajo de sus empleados debido a circunstancias imprevisibles y ajenas a su voluntad, como por ejemplo un desastre natural, una pandemia o una crisis económica.
Mediante un ERTE FM, la empresa puede suspender los contratos de trabajo de forma temporal, evitando así tener que llevar a cabo despidos masivos. Durante el periodo de suspensión, los empleados tienen derecho a percibir una prestación por desempleo, que les permite cubrir parte de sus necesidades económicas mientras no puedan trabajar.
El ERTE FM puede afectar a todos los trabajadores de la empresa o solo a una parte de ellos, dependiendo de las necesidades y circunstancias específicas de cada caso. La duración del expediente también puede variar, y puede ser prolongada en caso de que persistan las causas que llevaron a su adopción.
Es importante destacar que el ERTE FM es una medida temporal y que, una vez que las circunstancias que lo motivaron desaparezcan, la empresa debe reincorporar a los trabajadores afectados y restablecer la normalidad en su actividad.
En resumen, un ERTE FM es un mecanismo de flexibilización laboral que permite a las empresas hacer frente a situaciones excepcionales que impiden el desarrollo de su actividad, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de los trabajadores afectados.
Un ERTE y un ERE son dos procedimientos laborales que se utilizan en diferentes situaciones y con efectos distintos. Aunque ambos están relacionados con la regulación del empleo, presentan características y objetivos diferentes.
Por un lado, un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) tiene como finalidad suspender temporalmente los contratos de trabajo de los empleados de una empresa durante un período determinado. Esto ocurre cuando se dan circunstancias que justifican la interrupción temporal de la actividad empresarial, como pueden ser una crisis económica, una disminución de la producción o una fuerza mayor. Durante el ERTE, los trabajadores afectados cobran una prestación por desempleo que les proporciona el Estado.
Por otro lado, un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) tiene como objetivo la extinción de contratos de trabajo de forma definitiva o la reducción del número de empleados de la empresa de manera permanente. Esto suele ocurrir debido a causas estructurales o económicas que afectan gravemente a la empresa y que hacen inviable mantener la totalidad de los puestos de trabajo. En el caso de un ERE, los empleados afectados pueden recibir una indemnización por despido y pueden optar por acogerse al paro o buscar un nuevo empleo.
En resumen, la principal diferencia entre un ERTE y un ERE radica en su duración y en sus efectos laborales. Mientras que el ERTE es temporal y busca preservar los empleos durante un período de crisis, el ERE es definitivo y busca ajustar la plantilla a las necesidades de la empresa a largo plazo. Ambos procedimientos están regulados por la legislación laboral y requieren de un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores o, en su defecto, la aprobación de la autoridad competente.
Un ERTE, también conocido como Expediente de Regulación Temporal de Empleo, es un mecanismo que permite a las empresas suspender o reducir temporalmente la jornada laboral de sus empleados. Un ERTE puede ser solicitado por las empresas en situaciones de crisis económica, fuerza mayor o causas productivas, y tiene como objetivo principal preservar los puestos de trabajo a pesar de las dificultades por las que atraviesa la compañía.
En un ERTE, los empleados pueden ver reducido su salario en un porcentaje determinado o incluso suspenderse temporalmente durante un período de tiempo determinado. Durante la vigencia del ERTE, los empleados continúan siendo parte de la plantilla de la empresa, pero se encuentran en una situación de suspensión temporal o reducción de su jornada laboral.
La principal responsabilidad de pagar las prestaciones por desempleo derivadas de un ERTE recae en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). No obstante, las empresas están obligadas a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores afectados por el ERTE, aunque estas cotizaciones se ven reducidas en un porcentaje establecido según el tipo de ERTE.
Es importante destacar que los ERTEs no son una figura estandarizada, sino que pueden variar en función de las circunstancias y necesidades de cada empresa. Existen diferentes tipos de ERTEs, como los por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción. Cada tipo de ERTE tiene sus propias particularidades y condiciones.
En resumen, un ERTE es un mecanismo legal que permite a las empresas suspender o reducir temporalmente la jornada laboral de sus empleados en situaciones de crisis. Aunque el SEPE es quien paga las prestaciones por desempleo, las empresas tienen la responsabilidad de cotizar a la Seguridad Social durante la vigencia del ERTE.
Un ERTE es un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que se utiliza en situaciones de crisis o dificultades económicas en una empresa. Consiste en una medida que permite a la empresa suspender o reducir temporalmente los contratos de trabajo de sus empleados.
En un ERTE, la empresa puede solicitar a la autoridad laboral competente la aplicación de esta medida excepcional con el objetivo de salvaguardar los empleos y evitar despidos masivos. Una vez que se aprueba, la empresa puede suspender los contratos durante un tiempo determinado o reducir la jornada laboral y, a su vez, reducir proporcionalmente el salario de los empleados.
La principal ventaja de un ERTE es que permite a la empresa ajustarse a las necesidades económicas y adaptarse a la situación actual sin tener que prescindir de la totalidad de su plantilla. Además, durante el tiempo que dure el ERTE, los empleados afectados tienen derecho a recibir una prestación por desempleo que cubre una parte del salario que dejaron de percibir.
No obstante, es importante señalar que un ERTE no es una medida que se pueda aplicar sin restricciones. Para su aplicación, la empresa debe cumplir una serie de requisitos legales y administrativos y debe justificar adecuadamente la necesidad de adoptar esta medida. Además, un ERTE solo puede aplicarse por un tiempo determinado y debe ser comunicado a los representantes de los trabajadores y al Servicio Público de Empleo Estatal.
En resumen, un ERTE es una medida temporal que permite a las empresas ajustar sus costos laborales en momentos de dificultades económicas. A través de esta medida, se suspenden o reducen temporalmente los contratos de trabajo de los empleados, pero estos mantienen su vinculación laboral y tienen derecho a recibir una prestación por desempleo durante el tiempo que dure el ERTE.
El ERTE, que significa Expediente de Regulación Temporal de Empleo, es una medida tomada por las empresas para hacer frente a situaciones de crisis económica o dificultades temporales. Consiste en la suspensión temporal de los contratos de trabajo o la reducción de jornada de los empleados.
La duración máxima de un ERTE es de 6 meses, aunque se puede prorrogar por otros 6 meses adicionales en casos excepcionales y previa autorización administrativa. Durante este periodo, los trabajadores afectados podrán percibir una prestación por desempleo, calculada según las bases de cotización.
Es importante destacar que el ERTE no implica la extinción del contrato de trabajo, sino que se trata de una medida temporal para hacer frente a circunstancias adversas. Durante el ERTE, los empleados mantienen su condición de trabajadores de la empresa y conservan ciertos derechos laborales, como la antigüedad o la reserva del puesto de trabajo.
Una vez finalizado el periodo máximo establecido para el ERTE, la empresa deberá reincorporar a los empleados afectados a sus puestos de trabajo habituales, restableciendo las condiciones previas al expediente. En caso de que la empresa no cumpla con esta obligación, los trabajadores pueden tomar acciones legales para exigir sus derechos.
En resumen, la duración máxima de un ERTE es de 6 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 6 meses, siempre y cuando se cumplan los requisitos previos. Durante este periodo, los empleados afectados recibirán una prestación por desempleo y conservarán sus derechos laborales. Al finalizar el ERTE, la empresa deberá reincorporar a los trabajadores a sus puestos de trabajo habituales.