¿Cuál es el artículo 23?
El artículo 23 es una sección de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
El artículo 23 establece el derecho de los trabajadores a una remuneración justa y favorable, a condiciones de trabajo seguras y satisfactorias, y a la capacidad de formar y unirse a sindicatos.
Además de establecer los derechos laborales básicos, el artículo 23 también protege el derecho de los trabajadores a una educación gratuita y a la formación profesional.
En resumen, el artículo 23 es una sección clave de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que defiende los derechos básicos de los trabajadores, incluyendo la remuneración justa, las condiciones de trabajo seguras y la libertad de sindicación.
¿Qué nos dice el artículo 23?
El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Este artículo nos indica que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y que toda persona tiene derecho a buscar y tener un empleo digno y bien remunerado. Además, también se hace referencia a la necesidad de unas condiciones laborales justas y adecuadas que permitan a las personas trabajar en un ambiente seguro y saludable.
Asimismo, el artículo 23 también hace hincapié en la protección contra el desempleo, lo que significa que todo individuo tiene derecho a recibir apoyo y asistencia en caso de quedarse sin trabajo.
¿Qué dice el artículo 24 de la Constitución Española?
El artículo 24 de la Constitución Española es uno de los más importantes dentro del marco jurídico de España. Este artículo establece un conjunto de normas y garantías que protegen el derecho de toda persona a un juicio justo y sin dilaciones indebidas.
En él se establece que todas las personas tienen derecho a obtener tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Además, se establecen también una serie de principios fundamentales para la protección del derecho a la defensa, incluyendo la presunción de inocencia, la publicidad de los procesos judiciales y la gratuidad de la asistencia jurídica en los casos de insuficiencia de recursos económicos.
El artículo 24 de la Constitución Española también contempla en su apartado segundo la necesidad de que los procesos judiciales se desarrollen dentro de unos plazos razonables, evitando así las dilaciones indebidas que pueden llegar a afectar al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Por otro lado, cabe destacar que esta norma no solo se aplica a los ciudadanos españoles, sino que se extiende también a todas aquellas personas que residan en España, independientemente de su nacionalidad.
En resumen, el artículo 24 de la Constitución Española es una norma fundamental que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y establece una serie de principios fundamentales para la protección del derecho a la defensa. Su cumplimiento es esencial para mantener un Estado de derecho justo, transparente y democrático.
¿Qué dice el artículo 25 de la Constitución Española?
El artículo 25 de la Constitución Española establece que:
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales será limitada.
3. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
Este artículo establece una serie de garantías fundamentales para los ciudadanos en materia de justicia penal.
En primer lugar, se establece el principio de legalidad penal, según el cual nadie puede ser condenado por una conducta que no esté previamente tipificada como delito o falta en la ley. Además, se establece la limitación de la retroactividad de las leyes en perjuicio de los ciudadanos, asegurando así la seguridad jurídica.
En segundo lugar, se establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben tener como objetivo la reeducación y reinserción social del condenado. Se prohíben los trabajos forzados y se garantiza el acceso a la cultura y el desarrollo personal del recluso.
En resumen, el artículo 25 de la Constitución Española es fundamental para garantizar las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito de la justicia penal.
¿Cuáles son los 4 derechos fundamentales?
Los derechos fundamentales son aquellos que se consideran principios básicos e inalienables que tienen las personas desde su nacimiento. Estos derechos son reconocidos y protegidos por las leyes y las instituciones públicas. En muchas ocasiones, estos derechos son incorporados en constituciones y tratados internacionales.
Los cuatro derechos fundamentales son: el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada.
El derecho a la vida es el más importante de todos los derechos fundamentales, ya que sin él no se pueden garantizar los demás derechos. Este derecho implica que toda persona tiene derecho a una vida digna, a la protección contra la violencia y a la protección de la salud.
El derecho a la libertad personal se refiere a la libertad de moverse libremente, de decidir sobre la propia vida, de expresar opiniones y de tomar decisiones sin la influencia del gobierno o de otras personas. Este derecho incluye también el derecho a un juicio justo.
El derecho a la igualdad ante la ley garantiza que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes ante la justicia y el gobierno. Este derecho impide cualquier forma de discriminación basada en la raza, el género, la edad o la orientación sexual.
El derecho a la propiedad privada garantiza el derecho de las personas a poseer y controlar sus bienes materiales y sus recursos. Este derecho es fundamental para proteger la libertad y la seguridad económica de las personas.