¿Cuál es el artículo 113?
El artículo 113 es una disposición vigente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concreto, se establece en el Capítulo VI titulado "Del Poder Legislativo", en la sección segunda que se refiere a la Cámara de Diputados.
Este artículo establece de manera específica que la Cámara de Diputados es la encargada de aprobar los presupuestos de egresos de la Federación, es decir, el dinero que se destina para financiar el gasto público. De esta forma, se establece una medida de control muy importante sobre las decisiones financieras del gobierno federal.
Sin embargo, el artículo 113 va más allá de la simple aprobación del presupuesto. También establece que la Cámara de Diputados tiene la facultad de hacer modificaciones a dicho presupuesto, siempre y cuando no se aumente el gasto total. En otras palabras, se busca asegurar que las decisiones presupuestarias sean debatidas y ajustadas en función de lo que considere la Cámara como prioritario y necesario.
Además, el artículo 113 establece que la Cámara de Diputados también tiene la responsabilidad de dictaminar sobre las cuentas públicas del gobierno federal. Es decir, se encarga de fiscalizar y revisar que los recursos públicos que se han gastado estén justificados y hayan sido destinados de manera adecuada.
En conclusión, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una disposición muy importante en lo que respecta al control y fiscalización del gasto público del gobierno federal. A través de esta normativa, se busca garantizar que las decisiones presupuestarias sean debatidas de manera rigurosa y que los recursos de la nación sean utilizados de manera transparente y responsable.
¿Qué quiere decir el artículo 113?
El artículo 113 es una norma legal que se encuentra dentro del Código Penal y se refiere a la pena por delitos de tráfico de drogas.
En específico, este artículo establece que aquellos individuos que cometan delitos de tráfico de drogas serán sancionados con una pena de prisión de entre uno y seis años, además de una multa económica.
Cabe destacar que esta norma no solamente se aplica a aquellos que vendan drogas, sino también a quienes las transporten, distribuyan o faciliten su consumo. La pena varía dependiendo de la cantidad de droga que se haya traficado y de la gravedad del delito.
Es importante mencionar que esta norma no solamente se aplica a la droga en sí, sino también a las sustancias y preparados que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Además, esta norma es de carácter nacional y se aplica en todo el territorio español.
¿Qué pasa si no se aprueba la cuestión de confianza?
La cuestión de confianza es una figura muy importante en la política de un país, ya que es una herramienta que permite al gobierno verificar que cuenta con el apoyo necesario para seguir adelante con su gestión. Si un gobierno no logra aprobar una cuestión de confianza, puede enfrentar diversas consecuencias.
En primer lugar, si un gobierno no aprueba la cuestión de confianza, esto puede significar que el parlamento no confía en él. Y este es un mensaje muy fuerte que envía el poder legislativo al poder ejecutivo: es como decirle que no está haciendo bien su trabajo o que no está cumpliendo con las expectativas de la población.
Otra posible consecuencia de no aprobar una cuestión de confianza es que el gobierno se vea obligado a renunciar. Si el presidente o el primer ministro no cuenta con el apoyo de la mayoría del parlamento, le resultará muy difícil seguir adelante con su gestión. En este caso, la renuncia es una opción que se puede considerar.
Además de la renuncia, otra opción que tiene el gobierno si no aprueba la cuestión de confianza es disolver el parlamento y convocar a nuevas elecciones. Esta es una medida extrema pero que en algunos casos resulta necesaria para superar una crisis política o para demostrar que el gobierno cuenta con el apoyo popular para seguir adelante.
En resumen, no aprobar una cuestión de confianza es un hecho muy serio que puede tener consecuencias importantes para el gobierno y para el país en general. Por eso, es importante que el poder ejecutivo y el poder legislativo trabajen juntos para encontrar soluciones para los problemas que enfrenta la sociedad, siempre pensando en el bien común.
¿Quién puede presentar una cuestión de confianza?
La cuestión de confianza es una herramienta utilizada por diversos sistemas políticos para que el poder ejecutivo pueda mantenerse en el poder. Esta herramienta se utiliza cuando el Ejecutivo sufre una crisis política y necesita contar con el apoyo de los partidos políticos o del Parlamento.
En este sentido, es importante destacar que la cuestión de confianza es una figura política que solo puede ser presentada por el Presidente del Gobierno o por el Consejo de Ministros en caso de sistemas parlamentarios.
En este tipo de sistemas políticos, la figura de la cuestión de confianza se convierte en una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad del Gobierno. En este sentido, solo el Presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros tienen la capacidad de utilizarla, ya que son los encargados de liderar el poder Ejecutivo.
En los sistemas políticos presidencialistas, la figura de la cuestión de confianza no existe, ya que el Presidente es elegido de manera directa por la ciudadanía y no necesita la aprobación del Congreso.
En definitiva, la cuestión de confianza es una figura política utilizada en sistemas parlamentarios y solo puede ser presentada por el Presidente del Gobierno o por el Consejo de Ministros. Esta herramienta es fundamental para garantizar la estabilidad del poder Ejecutivo y para evitar crisis políticas que puedan afectar el funcionamiento del Estado.
¿Qué dice el art 115.1 de la Constitución?
El artículo 115.1 de la Constitución establece que los municipios son entidades autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozan de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Esto significa que los municipios tienen una gran libertad para tomar decisiones y administrar sus recursos, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución o de la ley. Además, tienen la responsabilidad de prestar servicios públicos a sus habitantes y de promover su bienestar.
De acuerdo con el artículo 115.1, los municipios también tienen la facultad de crear sus propias normas y reglamentos, siempre y cuando se respeten las leyes federales y estatales. Esto les da una gran autonomía y les permite adaptar sus decisiones y acciones a las necesidades y particularidades de cada situación.
Por último, es importante destacar que el artículo 115.1 de la Constitución también establece que los municipios deben ser gobernados por un ayuntamiento democráticamente electo, que se encargará de administrar los asuntos públicos y de representar a la comunidad ante otras instancias gubernamentales.