¿Qué nos dice el artículo 92?
El artículo 92 de la Constitución Española establece las normas que rigen los procedimientos de divorcio, separación y nulidad matrimonial. Este artículo es de vital importancia para aquellos que están pasando por una situación de crisis matrimonial y desean ponerle fin legalmente.
En primer lugar, el artículo 92 establece que el divorcio puede ser solicitado de mutuo acuerdo por ambos cónyuges o de forma unilateral por uno de ellos. Además, destaca que para optar por el divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un convenio regulador que establezca las condiciones sobre la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la liquidación del régimen económico matrimonial, entre otros aspectos.
En el caso del divorcio unilateral, el artículo 92 señala que el cónyuge que lo solicite deberá alegar la existencia de causas de separación de hecho durante al menos tres meses. Esto significa que, en caso de no llegar a un acuerdo mutuo, es posible solicitar el divorcio si existen circunstancias que pongan de manifiesto la ruptura efectiva de la vida conyugal.
Otro aspecto relevante del artículo 92 es que establece que cualquier divorcio, sea de mutuo acuerdo o unilateral, deberá ser dictaminado por un juez. Es decir, no basta con presentar la solicitud y el convenio regulador, sino que será necesario que un juez revise el caso y emita una sentencia que establezca la disolución del vínculo matrimonial.
En conclusión, el artículo 92 de la Constitución Española es de suma importancia para aquellos que desean poner fin a su matrimonio de forma legal. Establece las normas y procedimientos que deben seguirse para solicitar el divorcio, separación o nulidad matrimonial, tanto de mutuo acuerdo como de manera unilateral. Además, destaca la necesidad de la intervención de un juez para dictaminar la disolución del vínculo matrimonial.
¿Qué dice el artículo 9.2 de la Constitución?
El artículo 9.2 de la Constitución española establece el principio de legalidad y la jerarquía normativa en España.
En primer lugar, este artículo establece que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas". Esto significa que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que todas las personas y grupos sean tratados de manera igualitaria y que se tomen medidas para eliminar cualquier forma de discriminación.
Además, el artículo 9.2 de la Constitución establece que "la norma que extienda una norma anterior por su contenido será nula de pleno derecho". Esto significa que si una norma contradice o va en contra de una norma anterior, la nueva norma será considerada inválida.
Otro aspecto importante del artículo 9.2 es que establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Esto significa que todos los ciudadanos de España, así como las autoridades públicas, están obligados a cumplir con las leyes y regulaciones establecidas en la Constitución y en otros textos legales.
En resumen, el artículo 9.2 de la Constitución establece principios fundamentales sobre la igualdad, la jerarquía normativa y el cumplimiento de las leyes en España.
¿Qué artículo se reformo en 1992?
En 1992 se llevó a cabo una importante reforma constitucional en España. Uno de los artículos que se modificó durante esa reforma fue el artículo 135.
El artículo 135 establecía el límite del déficit público, pero con la reforma se introdujeron modificaciones importantes.
Antes de la reforma, este artículo establecía que el límite del déficit público no podía superar el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y que la deuda pública no podía superar el 60% del PIB.
Con la reforma de 1992, se estableció que el límite del déficit público debía ser acordado por ley orgánica y se introdujo la posibilidad de establecer un límite de endeudamiento. Además, se estableció la obligación de pago prioritario de la deuda pública.
Estas modificaciones en el artículo 135 de la Constitución tuvieron como objetivo principal garantizar la estabilidad económica y financiera del país.
En conclusión, el artículo 135 de la Constitución española fue reformado en 1992 con el fin de establecer medidas más estrictas en cuanto al límite del déficit público y la deuda pública, buscando así la estabilidad económica del país.
¿Quién puede convocar un referéndum?
Un referéndum puede ser convocado en varios contextos, dependiendo del país y del tema en discusión. En general, quien tiene la potestad de convocar un referéndum es el gobierno o el poder ejecutivo de un país. Es importante destacar que un referéndum es una herramienta democrática para obtener la opinión de la población en decisiones importantes.
En muchos países, se establecen ciertos requisitos y procedimientos legales para convocar un referéndum. Por ejemplo, es común que se requiera una petición firmada por un número determinado de ciudadanos que respalden la convocatoria del referéndum. Este respaldo ciudadano puede ser verificado para asegurar que cumple con los requisitos establecidos.
Además del gobierno, otras organizaciones o grupos también pueden tener la capacidad de convocar un referéndum en determinados casos. Por ejemplo, en algunos países se permite a los partidos políticos o a organizaciones no gubernamentales impulsar la realización de un referéndum sobre una cuestión específica que consideren relevante.
En última instancia, la decisión de convocar un referéndum recae en las autoridades correspondientes, que deben evaluar si la pregunta o tema propuesto cumple con los requisitos legales y constitucionales. Esto se hace para garantizar que el resultado del referéndum refleje verdaderamente la voluntad de la población y se respete el marco legal establecido.
¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional?
El recurso de inconstitucionalidad es el medio jurídico mediante el cual cualquier persona o entidad con interés legítimo puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional. Este recurso se encuentra regulado en el artículo 161.2 de la Constitución española.
Para interponer este recurso, es necesario que la persona o entidad interesada cumpla algunos requisitos previos. En primer lugar, debe demostrar que tiene un interés legítimo en el asunto y que la contradicción entre la Constitución y el tratado internacional afecta sus derechos o intereses de forma directa. Además, deberá acreditar la existencia de una norma jurídica con rango de ley que sea aplicable al caso concreto.
Una vez cumplidos estos requisitos, la persona o entidad podrá presentar su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este recurso debe presentarse por escrito y debe contener una serie de elementos, como la identificación de la norma o acto concreto que se considera contrario a la Constitución, así como los fundamentos de derecho en los que se basa la supuesta contradicción.
El Tribunal Constitucional será el encargado de estudiar el recurso y decidir si existe o no una contrariedad entre la Constitución y el tratado internacional. Para ello, podrá recabar información adicional, solicitar informes a organismos especializados y escuchar a las partes involucradas en el proceso. Finalmente, emitirá una sentencia en la que declarará o no la inconstitucionalidad del tratado internacional.
En conclusión, cualquier persona o entidad con interés legítimo puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional. Este recurso de inconstitucionalidad debe cumplir con ciertos requisitos y ser presentado por escrito. El Tribunal Constitucional estudiará el recurso y emitirá una sentencia en la que resolverá el conflicto de legalidad planteado.