¿Qué ley sustituye a la Ley 30 92?
La Ley 30/92 fue una normativa de administración pública en España que establecía el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Esta ley estuvo vigente durante más de 20 años, sin embargo, fue sustituida por la Ley 39/2015.
La Ley 39/2015 se promulgó con el objetivo de modernizar y simplificar los procedimientos administrativos, adaptándolos a las nuevas tecnologías y a la realidad social actual. Esta ley establece los principios y las normas básicas que regulan el procedimiento administrativo común en todas las administraciones públicas en España.
Entre los principales cambios introducidos por la Ley 39/2015 se encuentra la incorporación de las nuevas tecnologías, con el fin de agilizar y simplificar la tramitación de los procedimientos administrativos. Además, esta ley establece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos en las comunicaciones administrativas, lo que fomenta la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
¿Qué dice la Ley 39 del 2015?
La Ley 39 del 2015 es conocida como la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta norma establece las reglas y principios que regulan las relaciones entre la Administración y los ciudadanos en el ámbito administrativo.
La Ley 39 del 2015 tiene un alcance amplio y se aplica a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y demás organismos públicos.
Entre los aspectos más relevantes que establece esta ley se encuentran: la actuación automatizada de la Administración, los procedimientos administrativos electrónicos, el registro electrónico y las comunicaciones electrónicas entre la Administración y los ciudadanos.
Además, la Ley 39 del 2015 establece el principio de transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas, garantizando el acceso a la información y la participación de los ciudadanos en el proceso administrativo.
Esta norma también otorga a los ciudadanos el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración y a utilizar medios electrónicos para presentar documentos y realizar trámites administrativos.
La Ley 39 del 2015 también introduce cambios en el ámbito de los recursos administrativos, estableciendo el procedimiento para su interposición y resolución, así como los plazos para su tramitación.
En resumen, la Ley 39 del 2015 es una norma fundamental que regula las relaciones entre la Administración y los ciudadanos en el ámbito administrativo, fomentando el uso de medios electrónicos y garantizando la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas.
¿Cuándo se derogó la Ley 30 1992?
La Ley 30 de 1992 fue derogada el 28 de octubre de 2011. Esta ley, también conocida como la Ley Orgánica de la Administración Pública, fue un marco normativo importante en Colombia que regulaba la organización y funcionamiento de la administración pública.
En su momento, la Ley 30 de 1992 fue considerada como una herramienta clave para fortalecer el Estado y promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública. Sin embargo, con el tiempo surgieron diversas críticas y se consideró necesario realizar modificaciones y actualizar el marco normativo para adecuarse a las nuevas realidades y retos del país.
En este contexto, se llevó a cabo un proceso de reforma administrativa que culminó con la derogación de la Ley 30 de 1992. Esta derogación fue realizada mediante la expedición de la Ley 1437 de 2011, conocida como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La derogación de la Ley 30 de 1992 representó un cambio significativo en la estructura y funcionamiento de la administración pública en Colombia. Con esta nueva normativa, se buscó simplificar y agilizar los procesos administrativos, garantizar la participación ciudadana, fortalecer la transparencia y promover el acceso a la información pública.
En resumen, la Ley 30 de 1992 fue derogada el 28 de octubre de 2011, marcando un punto de inflexión en la regulación de la administración pública en Colombia. La implementación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo representó un esfuerzo por mejorar la gestión pública y adaptarse a los desafíos del siglo XXI.
¿Cuándo entra en vigor la Ley 39 2015?
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entró en vigor el 2 de octubre de 2016. Esta ley es de vital importancia en el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas en España.
La Ley 39/2015 establece las normas que rigen el procedimiento administrativo para todas las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y locales. Esta legislación supone una modernización y actualización de las antiguas normativas, con el objetivo de hacer más eficientes y accesibles los trámites administrativos.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, se establecen nuevos procedimientos y plazos para la presentación de documentación, la resolución de expedientes y la relación entre los ciudadanos y la administración. Además, se promueve el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito administrativo, como la presentación telemática de documentos y la comunicación electrónica.
Esta ley también incluye medidas para fomentar la transparencia, como la publicación de los actos administrativos y de las normativas en un portal de transparencia único. Asimismo, se establecen derechos para los ciudadanos, como el acceso a la información, la participación en los procedimientos administrativos y la posibilidad de presentar reclamaciones y recursos.
En resumen, la Ley 39/2015 entra en vigor el 2 de octubre de 2016 y establece las normas y procedimientos para las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas en España. Esta ley busca modernizar y agilizar los trámites administrativos, fomentar la transparencia y garantizar los derechos de los ciudadanos.
¿Qué es la recusación Ley 39 2015?
La recusación es un derecho que otorga la Ley 39/2015 a los ciudadanos españoles para impugnar y apartar a un funcionario de la Administración Pública de intervenir en un procedimiento administrativo.
Esta ley establece que cualquier persona puede recusar a un funcionario si considera que éste no cumple con los requisitos de imparcialidad necesarios para llevar a cabo el procedimiento correctamente.
La recusación se puede presentar mediante una solicitud por escrito, en la cual se deben especificar los motivos y fundamentos que sustentan la impugnación. Para que la recusación sea admitida, se deben cumplir una serie de requisitos establecidos en la Ley 39/2015.
Una vez presentada la solicitud de recusación, se abrirá un procedimiento administrativo para analizar la situación y decidir si se acepta o no la impugnación. Durante este proceso, se realizarán las diligencias necesarias para comprobar si existen motivos válidos para apartar al funcionario de la Administración Pública.
En caso de que la recusación sea aceptada, se procederá a sustituir al funcionario recusado por otro que cumpla con los requisitos de imparcialidad exigidos por la Ley 39/2015. Esto garantiza que el procedimiento administrativo se realice de forma justa y sin ningún tipo de favoritismo o manipulación por parte del funcionario.
En resumen, la recusación Ley 39/2015 es un mecanismo que permite a los ciudadanos españoles impugnar y apartar a un funcionario de la Administración Pública cuando consideran que éste no cumple con los requisitos de imparcialidad necesarios. Este derecho garantiza la transparencia y justicia en los procedimientos administrativos.