¿Qué indica la Ley 39 2015?
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una norma fundamental que regula el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas de manera electrónica.
En primer lugar, la Ley 39/2015 establece que todas las Administraciones Públicas deben habilitar medios electrónicos para asegurar la eficacia en la gestión pública y mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, la Ley 39/2015 establece la necesidad de utilizar medios electrónicos para realizar los procedimientos administrativos, eliminando la obligación de utilizar el papel.
Además, la Ley 39/2015 contempla la necesidad de garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales, así como la intimidad y la seguridad de las comunicaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos.
En definitiva, la Ley 39/2015 busca modernizar la Administración Pública y acercarla a la ciudadanía mediante el uso de nuevos medios tecnológicos, dotando a los ciudadanos del derecho a tramitar con las administraciones por medios electrónicos.
¿Qué dice el artículo 13 de la Ley 39 2015?
El artículo 13 de la Ley 39/2015 es de vital importancia para entender los derechos y obligaciones de los ciudadanos en relación con la administración pública en España.
Este artículo establece los derechos de la ciudadanía a relacionarse con la administración pública a través de medios electrónicos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y eficiencia en los procedimientos administrativos.
Además, el artículo 13 establece que la administración pública está obligada a impulsar y promover la utilización de medios electrónicos para la realización de trámites y procedimientos administrativos. Asimismo, se establece la obligación de garantizar la interoperabilidad y la accesibilidad de los sistemas y aplicaciones utilizados.
Por otro lado, el artículo 13 también establece que los ciudadanos tienen el derecho a recibir una respuesta a sus solicitudes y trámites en un plazo máximo de 10 días hábiles, salvo que se determine un plazo distinto por ley o normativa específica.
En resumen, el artículo 13 de la Ley 39/2015 es fundamental para garantizar la transparencia y eficacia en la relación entre la administración pública y la ciudadanía, así como para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y procedimientos administrativos.
¿Qué dice el artículo 14 de la Ley 39 2015?
El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece los derechos de los ciudadanos en relación con el acceso electrónico a los servicios públicos.
En primer lugar, se establece que los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las Administraciones mediante medios electrónicos, lo que implica la obligación de estas de garantizar su disponibilidad y accesibilidad. Además, se establece que los ciudadanos tienen derecho a una administración electrónica eficaz y eficiente, lo que implica que las Administraciones deben poner a disposición de los ciudadanos servicios públicos electrónicos que faciliten la realización de trámites y gestiones.
Por otro lado, el artículo 14 establece que las Administraciones públicas deben garantizar la protección de datos de carácter personal en sus relaciones con los ciudadanos y, en especial, en el ámbito de la administración electrónica. En este sentido, se exige que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información de los ciudadanos.
Por último, el artículo 14 establece que las Administraciones públicas deben garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información y a utilizar los medios electrónicos para la realización de trámites y gestiones. Además, se establece que las Administraciones deben promover la formación y alfabetización digital de los ciudadanos para que puedan hacer uso de los servicios públicos electrónicos de manera eficaz y eficiente.
En resumen, el artículo 14 de la Ley 39/2015 garantiza los derechos de los ciudadanos en relación con el acceso electrónico a los servicios públicos, estableciendo la obligación de las Administraciones de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como de proteger la seguridad y confidencialidad de la información de los ciudadanos. Además, se promueve la formación y alfabetización digital de los ciudadanos para que puedan hacer uso de los servicios públicos electrónicos de manera eficaz y eficiente.
¿Cómo se estructura la Ley 39 2015?
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece el marco regulatorio para la actuación de las administraciones en el ámbito del procedimiento administrativo. Esta ley tiene por objetivo garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y la eficacia y eficiencia del funcionamiento administrativo.
La estructura de la Ley 39/2015 se divide en diez títulos, los cuales a su vez se subdividen en capítulos y secciones. El primer título se refiere a las disposiciones generales y establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley. En este título también se regula el derecho de las personas a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas.
En el segundo título, se establecen las normas para la elaboración de actos administrativos, incluyendo las disposiciones generales para la tramitación de los procedimientos, la obligación de motivar los actos y las normas para la notificación y publicación de los mismos.
El tercer título se refiere a los interesados en los procedimientos administrativos, y se establecen las normas para la identificación, representación y defensa de los interesados. También se regula el derecho a la información y a la consulta de los expedientes.
En el cuarto título, se aborda la iniciación, ordenación e instrucción de los procedimientos administrativos, donde se establecen las normas para la tramitación de los procedimientos y la documentación necesaria. Se regula el procedimiento y la documentación necesaria para la resolución y notificación de los actos administrativos.
El quinto título regula la terminación del procedimiento administrativo, donde se establece la figura de la caducidad y la prescripción de los procedimientos administrativos. También se regula el silencio administrativo, los recursos administrativos y de revisión.
En el sexto título se aborda la ejecución de los actos administrativos, incluyendo las normas relacionadas con la eficacia y la eficiencia de los actos administrativos y las disposiciones generales para el control y la responsabilidad de los agentes administrativos.
El séptimo título regula la colaboración y cooperación entre las administraciones públicas, estableciendo las normas para la cooperación administrativa y la coordinación de actuaciones.
El octavo título aborda el régimen jurídico y el control del sector público, en el que se establecen las normas para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.
En el noveno título se regula el régimen sancionador, estableciendo las sanciones administrativas y el procedimiento para su imposición y tramitación.
Finalmente, el décimo título prevé las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, que regulan aspectos diversos, como la adaptación de los procedimientos administrativos a las tecnologías de la información y la comunicación. En resumen, la Ley 39/2015 establece un marco regulatorio completo y actualizado para la actuación administrativa en España.
¿Qué establece la Ley 39 2015?
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece las normas básicas que permiten el correcto funcionamiento de la Administración Pública en su relación con los ciudadanos y la gestión de los procedimientos administrativos.
Esta ley regula aspectos como el derecho a la información, la tramitación electrónica de documentos, la notificación electrónica, el registro electrónico, la gestión de los procedimientos de forma electrónica, entre otros. Todo ello con el objetivo de garantizar una mayor eficiencia en la gestión, una mayor transparencia y una mejor atención a los ciudadanos.
La Ley 39/2015 establece también las bases para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, lo que permite una relación más fluida y ágil con la Administración Pública. Además, esta norma también tiene en cuenta la protección de datos de carácter personal y la necesidad de preservar la intimidad de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública.
Todas estas medidas se enmarcan en el contexto de una Administración Pública moderna y eficiente, que apuesta por la innovación y la tecnología para mejorar la calidad de sus servicios. Con la Ley 39/2015, se da un paso importante en la simplificación de los procedimientos administrativos y en la modernización de la Administración Pública, lo que supone una mayor cercanía y una mejor atención a las necesidades de los ciudadanos.