¿Qué es lo que dice el artículo 137?
El artículo 137 de nuestra constitución es una pieza fundamental de nuestro sistema legal. Este artículo establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión. Esto significa que todos tenemos el derecho de decir lo que pensamos y expresar nuestras ideas, sin ninguna restricción por parte del gobierno o de cualquier otra autoridad.
Además, el artículo 137 también establece que nadie puede ser censurado por sus opiniones o ideas. Esto significa que el gobierno no puede impedir que una persona exprese sus puntos de vista, incluso si estos son impopulares o controversiales. Todos tenemos el derecho de opinar y ser escuchados.
El artículo 137 también protege la libertad de prensa. Esto significa que los periodistas tienen el derecho de informar y difundir noticias sin ninguna interferencia por parte del gobierno. La libertad de prensa es fundamental para una sociedad democrática, ya que permite a los ciudadanos estar informados y tomar decisiones informadas.
Otro aspecto importante del artículo 137 es que establece que la privacidad de las comunicaciones está protegida. Esto significa que nuestras conversaciones telefónicas, correos electrónicos y cualquier otra forma de comunicación son privadas y no pueden ser intervenidas sin nuestra autorización o sin una orden judicial.
En resumen, el artículo 137 de nuestra constitución garantiza la libertad de expresión, la protección contra la censura, la libertad de prensa y la privacidad de las comunicaciones. Estos son derechos fundamentales que nos permiten vivir en una sociedad libre y democrática.
¿Qué dice el artículo 143 de la Constitución?
El artículo 143 de la Constitución establece las normas sobre la competencia de los poderes públicos en relación a los recursos naturales no renovables. A través de este artículo, se busca garantizar una gestión adecuada y sostenible de estos recursos, teniendo en cuenta su valor estratégico para el desarrollo del país.
En primer lugar, el artículo establece que los recursos naturales no renovables son patrimonio de la Nación y su aprovechamiento debe ser regulado por la ley. Esto implica que el Estado tiene la potestad de decidir cómo se van a utilizar y distribuir estos recursos, siempre buscando el beneficio del conjunto de la sociedad.
Además, el artículo establece que el Estado ejerce el control y la vigilancia sobre la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de garantizar su utilización responsable y sostenible. Esto implica que el Estado debe supervisar todas las actividades relacionadas con estos recursos, asegurando que se realicen de manera adecuada y sin dañar el medio ambiente.
Por otro lado, el artículo determina que los beneficios económicos obtenidos de la explotación de los recursos naturales no renovables deben ser distribuidos equitativamente entre la Nación y las regiones donde se realice dicha explotación. Esto busca evitar situaciones de desigualdad y asegurar que todos los sectores de la sociedad se vean beneficiados por el aprovechamiento de estos recursos.
Finalmente, el artículo establece que el Estado puede otorgar concesiones y contratos para la explotación de los recursos naturales no renovables, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios y se garantice el beneficio para el interés nacional. Esto implica que las empresas o entidades interesadas en la explotación de estos recursos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Estado, asegurando así que se realice de manera responsable y sostenible.
En resumen, el artículo 143 de la Constitución establece las normas y principios para la gestión adecuada y responsable de los recursos naturales no renovables. A través de este artículo, se busca garantizar que estos recursos sean utilizados de manera sostenible, beneficiando a toda la sociedad y evitando impactos negativos en el medio ambiente.
¿Qué dice el artículo 147 de la Constitución Española?
El artículo 147 de la Constitución Española establece que los Estatutos de Autonomía pueden reconocer un grado de autonomía a las provincias con entidad regional histórica.
En concreto, este artículo establece que "Las provincias con entidad regional histórica que lo soliciten y así lo aprueben mediante ley orgánica, en el ejercicio del derecho a la autonomía que reconoce la Constitución, accederán a ser Comunidades Autónomas con plenitud de poderes en los términos previstos en su Estatuto, que será aprobado por las Cortes Generales, previo acuerdo de la provincia o provincias afectadas, siguiendo el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 143 para la provincia interesada."
En resumen, este artículo permite que las provincias con entidad regional histórica soliciten y accedan a convertirse en Comunidades Autónomas con plenitud de poderes, siempre y cuando se apruebe mediante ley orgánica y se siga el procedimiento establecido en el artículo 143.
Es importante destacar que este artículo se refiere específicamente a las provincias con entidad regional histórica, lo que implica que no todas las provincias de España pueden acceder a convertirse en Comunidades Autónomas de esta forma.
¿Qué garantiza el artículo 139 de la Constitución?
El artículo 139 de la Constitución garantiza una serie de derechos fundamentales que son de vital importancia para el funcionamiento de un Estado de derecho.
En primer lugar, este artículo establece la independencia del poder judicial, lo cual significa que los jueces y juezas deben tomar decisiones sin estar sujetos a influencias políticas o de cualquier otro tipo. Esto es fundamental para asegurar la imparcialidad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Además, el artículo 139 también garantiza el derecho al debido proceso. Esto implica que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal competente e imparcial, en el que se respeten plenamente sus garantías procesales. Asimismo, se establece el principio de presunción de inocencia, es decir, que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Otro aspecto importante que garantiza este artículo es el derecho a la defensa. Esto implica que toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado o abogada durante todo el proceso judicial, para garantizar que sus derechos sean protegidos de manera adecuada.
Además, el artículo 139 también establece el principio de non bis in ídem, que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Esto garantiza que una vez que una persona ha sido juzgada y sentenciada por un delito, no pueda ser procesada nuevamente por el mismo hecho.
En resumen, el artículo 139 de la Constitución es clave para asegurar la independencia del poder judicial, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de non bis in ídem. Estos son fundamentales para garantizar un sistema de justicia justo y equitativo en cualquier Estado de derecho.
¿Qué dice el artículo 151 de la Constitución?
El artículo 151 de la Constitución establece las competencias y atribuciones del Congreso de los Diputados en relación a los impuestos y las contribuciones especiales.
Según este artículo, el Congreso tiene la potestad de establecer, modificar, suprimir o regular cualquier tipo de impuesto o contribución especial. Además, también tiene la capacidad de fijar las normas para su gestión, recaudación y control.
Adicionalmente, el artículo 151 señala que el Congreso debe aprobar los presupuestos generales del Estado y que, en caso de no hacerlo, se prorrogarán los presupuestos del año anterior.
En relación a la fiscalización de los impuestos y contribuciones especiales, el artículo establece que corresponde al Tribunal de Cuentas controlar la gestión económico-financiera del Estado en lo referente a los ingresos y gastos públicos.
En conclusión, el artículo 151 de la Constitución otorga al Congreso de los Diputados la facultad de regular los impuestos y las contribuciones especiales, así como de aprobar los presupuestos generales del Estado. Además, establece que el Tribunal de Cuentas se encargará de fiscalizar la gestión económico-financiera relacionada con los ingresos y gastos públicos.