¿Qué es lo más importante de la Ley 39 2015?
La Ley 39/2015 tiene una gran importancia en la gestión de la administración electrónica en España. Esta ley establece el marco legal para el uso de medios electrónicos en las relaciones entre la ciudadanía y la Administración pública. A su vez, esta ley tiene como objetivo simplificar y agilizar los procesos administrativos mediante el uso de estos medios electrónicos.
Uno de los aspectos más importantes de esta ley es la creación del Registro Electrónico General. Este registro permite la presentación electrónica de documentos y solicitudes ante la Administración. De esta forma, se evita tener que realizar estos trámites de forma presencial, ahorrando tiempo y recursos tanto para la Administración como para la ciudadanía.
Otro punto clave de esta ley es la garantía de seguridad y privacidad en el uso de los medios electrónicos. La Ley 39/2015 establece las medidas necesarias para proteger los datos personales de los ciudadanos y garantizar la autenticidad y la integridad en el proceso de transmisión de información. De esta manera, se busca proteger los derechos de los ciudadanos frente a cualquier posible vulneración por parte de terceros.
En definitiva, la Ley 39/2015 es una de las principales normativas en la gestión de la Administración electrónica en España. A través de su implementación se busca mejorar la eficiencia y la transparencia en la relación entre la ciudadanía y la Administración pública. Además, se busca garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de los derechos de los ciudadanos.
¿Que regula la Ley 39 2015?
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene por objeto establecer las normas básicas para que la actuación administrativa sea efectuada con plenas garantías jurídicas, eficacia y agilidad.
La Ley 39/2015 regula aspectos como los principios generales del procedimiento administrativo, la forma de iniciación, la tramitación, la resolución y la revisión de los actos administrativos.
También establece las normas para la gestión y el archivo electrónico de los documentos, la utilización de medios electrónicos en la actuación administrativa y el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
Esta ley es de aplicación en todo el territorio español y se aplica a todas las Administraciones Públicas, incluidas las de las comunidades autónomas y las locales.
El objetivo de la Ley 39/2015 es mejorar la eficacia y la transparencia de la actuación administrativa y garantizar los derechos de los ciudadanos, estableciendo un marco legal claro y coherente para el procedimiento administrativo común.
¿Cuáles son los dos principios generales del procedimiento administrativo?
El procedimiento administrativo es un conjunto de normas y actos jurídicos que se desarrollan en el seno de la administración pública. Estos procedimientos tienen como objetivo garantizar la transparencia, la igualdad y la eficacia de la actividad administrativa. Para lograr estos objetivos, existen dos principios generales del procedimiento administrativo que son fundamentales:
- Principio de legalidad: Este principio establece que todas las actuaciones de la Administración pública se deben ajustar a derecho. Esto quiere decir que la Administración pública solo puede actuar en función de la ley y el derecho, respetando los derechos y libertades de los ciudadanos. Así, cualquier actuación de la Administración pública que se aleje de esta premisa es considerada nula.
- Principio de eficacia: Este principio establece que el procedimiento administrativo debe ser eficaz y eficiente para lograr los objetivos previstos. Así, el procedimiento administrativo debe ser ágil y debe garantizar la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. En otras palabras, el procedimiento administrativo debe ser capaz de cumplir con los objetivos que persigue, sin que ello implique una carga excesiva para los ciudadanos.
En resumen, estos dos principios generales del procedimiento administrativo son fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento de la administración pública en el desarrollo de sus funciones. El cumplimiento de estos principios asegura la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la eficacia y eficiencia de la administración pública.
¿Cuántos artículos tiene la Ley 39?
La Ley 39 es una ley española que se encarga de regular el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta ley fue aprobada en el año 2015 y tiene un total de 109 artículos.
Es importante mencionar que esta ley es de gran relevancia debido a que establece los procedimientos que deben seguir tanto los ciudadanos como las Administraciones Públicas en sus relaciones.
Entre los temas que se abordan en la Ley 39 se encuentran el registro electrónico, la tramitación de procedimientos administrativos, la obligación de resolver, los recursos administrativos y la revisión de los actos administrativos.
Además, esta ley también establece las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, así como para asegurar la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
En resumen, la Ley 39 cuenta con 109 artículos que regulan el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en España y que establecen medidas para garantizar la eficiencia en la gestión pública, así como la protección de los derechos de los ciudadanos y la transparencia en las relaciones con la Administración.
¿Qué dice el artículo 16 de la Ley 39 2015?
El artículo 16 de la Ley 39 2015 hace referencia a la declaración responsable en los procedimientos administrativos. De acuerdo con este artículo, se podrán utilizar declaraciones responsables en los casos en los que se requiera una comunicación previa o una autorización administrativa previa para el inicio de una actividad.
La declaración responsable es un documento en el que se acredita que se cumplen todos los requisitos establecidos por la normativa para el desarrollo de una actividad en concreto. En este sentido, el titular de la actividad es el responsable de garantizar que se cumplen todos los requisitos necesarios.
El artículo 16 también establece que, en el caso de que se solicite una autorización administrativa previa, la declaración responsable deberá incluir una manifestación expresa de que se cuenta con los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.
Cabe destacar que, en los casos en los que se utilice la declaración responsable como instrumento para el inicio de una actividad, la Administración podrá comprobar de oficio el cumplimiento de los requisitos exigidos. Además, en caso de detectar irregularidades o incumplimientos, la Administración podrá exigir al titular de la actividad la adopción de medidas para subsanar las deficiencias.
En resumen, el artículo 16 de la Ley 39 2015 establece la posibilidad de utilizar la declaración responsable como documento para el inicio de una actividad que requiera comunicación previa o autorización administrativa previa, así como la exigencia al titular de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.