¿Qué es la Ley 9 2017?
La Ley 9 2017 es una normativa dentro del sistema jurídico español que tiene como objetivo regular y garantizar los derechos digitales de los ciudadanos en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información.
Esta ley surgió como una necesidad para adaptar la legislación a los cambios y avances tecnológicos que han transformado la forma en que las personas interactúan en el entorno digital. Busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el mundo digital, como la privacidad, la seguridad de los datos, la neutralidad en internet, el acceso a la información y la transparencia en la administración electrónica.
Una de las principales novedades que introduce la Ley 9 2017 es la creación de la Oficina de Derechos Digitales, que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa y de ofrecer asesoramiento a los ciudadanos en temas relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Otro aspecto relevante de esta ley es la incorporación del concepto de ciberseguridad, estableciendo obligaciones y responsabilidades tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios digitales. Se busca garantizar la protección de los datos personales y la seguridad de las comunicaciones electrónicas, así como prevenir y combatir los delitos cibernéticos.
Además, la Ley 9 2017 también establece el derecho de las personas a la desconexión digital, reconociendo el derecho de los trabajadores a no estar permanentemente conectados a dispositivos móviles fuera de su horario laboral.
En resumen, la Ley 9 2017 es una normativa que tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos digitales de los ciudadanos en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información. Introduce cambios importantes en la regulación de la privacidad, la seguridad de los datos, la neutralidad en internet y la ciberseguridad, entre otros aspectos relacionados con el mundo digital.
¿Que regula la Ley 9 2017?
La Ley 9/2017 es una legislación que regula aspectos fundamentales en diversos ámbitos. Esta ley establece normativas referentes a la contratación del sector público, la transparencia, la protección de datos y la reforma de la legislación tributaria.
En primer lugar, la Ley 9/2017 regula el procedimiento de contratación del sector público. Establece los requisitos que deben cumplir las empresas para poder contratar con la administración pública, así como los criterios de adjudicación de los contratos. Además, garantiza la transparencia en la contratación y fomenta la participación de las pequeñas y medianas empresas en estos procesos.
En segundo lugar, esta legislación promueve la transparencia en el ámbito de la administración pública. Establece una serie de obligaciones en materia de publicidad de la información, tanto activa como pasiva, para garantizar el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Asimismo, establece mecanismos de control y sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones.
La Ley 9/2017 también regula la protección de datos en el ámbito de la administración pública. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con sus datos personales, así como las obligaciones de las entidades públicas para garantizar su correcto tratamiento y protección. Además, establece las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de la normativa de protección de datos.
Por último, esta legislación contempla la reforma de la legislación tributaria. Establece nuevas regulaciones en materia de impuestos y tasas, así como medidas para luchar contra el fraude fiscal. Además, promueve la simplificación y agilización de los trámites tributarios, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos.
En conclusión, la Ley 9/2017 regula diferentes aspectos fundamentales en diversos ámbitos, tales como la contratación del sector público, la transparencia, la protección de datos y la legislación tributaria. Esta legislación busca garantizar la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de las obligaciones legales en la administración pública, así como promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación pública.
¿Qué contratos quedan excluidos de la Ley 9 2017?
La Ley 9/2017 es una normativa que regula los contratos del sector público en España. Sin embargo, es importante destacar que existen algunos contratos que quedan excluidos de esta ley.
Uno de ellos son los contratos de trabajo entre empleados y empleadores, los cuales se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y otras leyes laborales específicas.
Otro tipo de contrato que queda excluido son los contratos de compraventa entre particulares. Estos contratos están regulados por el Código Civil y no se rigen por la Ley 9/2017.
Además, los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales también quedan excluidos de esta ley. Estos contratos se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos y otras normativas específicas.
Asimismo, los contratos de préstamo entre particulares, ya sea de dinero u otros bienes, no están sujetos a la Ley 9/2017. Estos contratos se rigen por el Código Civil y otras normativas financieras aplicables.
En resumen, la Ley 9/2017 no se aplica a los contratos de trabajo, compraventa, arrendamiento y préstamo entre particulares. Es importante conocer la normativa específica que regula cada tipo de contrato para asegurarse de cumplir con todas las obligaciones legales correspondientes.
¿Qué establece la Ley de Contrataciones del Estado?
La Ley de Contrataciones del Estado es una normativa que regula los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y obras que realiza el Estado en sus diferentes niveles, ya sea a nivel nacional, regional o local. Esta ley tiene como objetivo principal asegurar la transparencia, eficiencia y el acceso a la participación de los proveedores en los procesos de contratación pública.
La Ley de Contrataciones del Estado establece los principios y reglas que deben seguirse en la contratación pública, como la equidad, la competitividad, la eficiencia, la transparencia, la no discriminación y la promoción del desarrollo económico y social.
Además, esta ley establece los diferentes procedimientos de contratación, como la licitación pública, la selección abreviada, la contratación directa, entre otros. Estos procedimientos deben seguirse de manera rigurosa y transparente, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los proveedores interesados en participar.
La Ley de Contrataciones del Estado también establece los requisitos que deben cumplir los proveedores para poder participar en los procesos de contratación pública, así como los derechos y obligaciones que tienen tanto los proveedores como las entidades contratantes.
Es importante destacar que la Ley de Contrataciones del Estado busca fomentar la eficiencia y la optimización de los recursos públicos, evitando actos de corrupción y promoviendo la competencia justa entre los proveedores. Para esto, se establecen mecanismos de control, como la rendición de cuentas y la fiscalización de los procesos de contratación pública.
En resumen, la Ley de Contrataciones del Estado es una normativa que regula los procedimientos de contratación pública, buscando asegurar la transparencia, la eficiencia y el acceso a la participación de los proveedores. Esta ley establece principios, reglas y procedimientos que deben seguirse rigurosamente, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el uso eficiente de los recursos públicos.
¿Qué Ley regula la contratacion pública?
La contratación pública es un proceso de adquisición de bienes, servicios y obras por parte de entidades del sector público. Su objetivo es garantizar la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En España, este proceso está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. Esta ley tiene como finalidad establecer los principios y normas que rigen las contrataciones realizadas por las entidades del sector público en todas sus modalidades.
Además, la Ley de Contratos del Sector Público establece los diferentes procedimientos de contratación, como el abierto, el restringido o el negociado. También determina los criterios que se deben tener en cuenta para la adjudicación de los contratos, como la calidad, el precio o las condiciones de ejecución.
La legislación también establece los plazos y requisitos que deben cumplir tanto los licitadores como los adjudicatarios. Esto incluye la presentación de ofertas, la documentación necesaria y los trámites a seguir en caso de impugnación o recurso.
Es importante destacar que la Ley de Contratos del Sector Público también incluye disposiciones específicas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y la promoción de la competencia. Además, busca fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.
En resumen, la Ley de Contratos del Sector Público es la normativa que regula la contratación pública en España. Su objetivo es garantizar la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como promover la igualdad de trato y la participación de las empresas en igualdad de condiciones.