La calificación administrativa es un concepto que se refiere a la evaluación y clasificación de los servidores públicos en base a su desempeño y aptitudes en el ámbito de la administración pública. Esta calificación tiene como objetivo principal determinar la idoneidad y la eficiencia de cada empleado en el desempeño de sus funciones.
En la calificación administrativa se tienen en cuenta diferentes criterios, como la asistencia y puntualidad, la calidad en el trabajo realizado, el cumplimiento de objetivos y metas, el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo. Todos estos aspectos se evalúan de manera objetiva y se asigna una calificación que puede influir en la toma de decisiones administrativas, como ascensos, traslados o recortes de personal.
La calificación administrativa se realiza mediante diferentes herramientas y técnicas, como la evaluación del desempeño, las pruebas de conocimiento y habilidades, los informes de supervisión y el feedback de los compañeros de trabajo. Estas evaluaciones se llevan a cabo de forma periódica y su resultado se registra en un expediente personal del servidor público.
Es importante destacar que la calificación administrativa no solo tiene implicaciones individuales, sino también colectivas. Una buena calificación puede implicar mayores beneficios y oportunidades para el empleado, así como para la organización en general. Además, esta evaluación constante también permite identificar áreas de mejora y promover el crecimiento profesional del personal.
En resumen, la calificación administrativa es un proceso fundamental en la gestión de recursos humanos de la administración pública. A través de ella se busca reconocer y valorar el desempeño de los servidores públicos, promover la eficiencia y la calidad en el trabajo, y fomentar el desarrollo y crecimiento profesional dentro del ámbito administrativo.
La clasificación de la administración pública se refiere a la categorización de las diferentes formas en que se organiza y gestiona el sector público en un país. Existen diferentes enfoques y criterios utilizados para realizar esta clasificación.
Una de las clasificaciones más comunes se basa en el nivel de gobierno al que pertenece la administración. En este sentido, podemos distinguir entre la administración pública nacional, encargada de las funciones y responsabilidades del gobierno central; la administración pública regional o autonómica, que se ocupa de las necesidades y demandas de una determinada región o comunidad autónoma; y la administración pública local, encargada de la gestión de los asuntos municipales y de todas las instituciones a nivel de municipio o localidad.
Otra clasificación se basa en la función que desempeña la administración pública. En este sentido, podemos hablar de la administración pública ejecutiva, encargada de implementar y ejecutar las políticas y decisiones del gobierno; la administración pública legislativa, responsable de la elaboración y promulgación de leyes y normativas; y la administración pública judicial, responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y administrar la justicia.
Por último, también podemos clasificar la administración pública en función del sector al que pertenece. En este caso, tenemos la administración pública centralizada, donde todas las funciones y competencias están concentradas en un único organismo; y la administración pública descentralizada, donde hay una mayor distribución de responsabilidades entre diferentes organismos y entidades.
En resumen, la clasificación de la administración pública puede ser realizada considerando el nivel de gobierno, la función desempeñada o el sector en el que opera. Estas clasificaciones nos ayudan a comprender mejor la organización y gestión de los asuntos públicos en un país.