La Ley 39 del 2015 establece el procedimiento administrativo común que deben seguir las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos. Esta ley regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos en su actividad de interactuar con la administración, así como los procedimientos a seguir en la tramitación de los expedientes administrativos.
La Ley 39 del 2015 establece principios como la eficacia, celeridad y eficiencia de la actuación administrativa, así como la transparencia y participación ciudadana. Además, esta ley garantiza el acceso de los ciudadanos a la información de los procedimientos administrativos y a los servicios electrónicos de la administración.
En virtud de la Ley 39 del 2015, los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Además, se establece un sistema de notificaciones electrónicas que permita una comunicación ágil y segura entre la administración y los ciudadanos.
Esta ley también establece la figura del registro electrónico, que permite la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de forma telemática. El registro electrónico garantiza la seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos presentados, así como la autenticidad de las comunicaciones.
En resumen, la Ley 39 del 2015 es una normativa que regula el procedimiento administrativo común y establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos en su relación con la administración. Esta ley busca garantizar la eficacia, celeridad y transparencia en la actuación administrativa, así como fomentar la participación ciudadana a través de medios electrónicos.
La Ley 39 es una normativa que regula los procedimientos administrativos comunes que deben seguir las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos y otras entidades.
Esta ley establece las normas y principios generales que rigen la actuación de las administraciones, garantizando la transparencia, agilidad y eficiencia en los trámites administrativos.
En primer lugar, la Ley 39 regula los procedimientos administrativos, estableciendo las reglas y plazos para que las administraciones respondan a las solicitudes de los ciudadanos y resuelvan los trámites de manera adecuada.
Además, la ley establece las obligaciones y derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, asegurando que estos sean tratados de manera justa y equitativa.
Otro aspecto importante regulado por la Ley 39 son las notificaciones y comunicaciones administrativas. Esta ley establece los medios y formas de comunicación utilizados por la administración para informar a los ciudadanos sobre sus trámites y resoluciones.
Asimismo, la Ley 39 regula la colaboración entre administraciones, estableciendo mecanismos de coordinación y cooperación entre diferentes organismos públicos para agilizar y mejorar los trámites administrativos.
En resumen, la Ley 39 regula los procedimientos administrativos, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, las notificaciones y comunicaciones administrativas, así como la colaboración entre administraciones.
El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece los principios de actuación de las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos. Estos principios son la transparencia, la responsabilidad, la eficacia, la colaboración, el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la orientación al usuario.
En primer lugar, la transparencia implica que las Administraciones Públicas deben facilitar información clara y accesible sobre sus actuaciones, procedimientos y normas. Se promueve la publicidad activa de la información, asegurando la transparencia en la gestión pública.
En segundo lugar, la responsabilidad se refiere a que las Administraciones Públicas deben gestionar los recursos públicos de manera eficiente y realizar sus actuaciones cumpliendo los fines que les han sido encomendados. Además, se establece la obligación de rendir cuentas y evaluar los resultados obtenidos.
En tercer lugar, la eficacia implica que las Administraciones Públicas deben llevar a cabo su actividad de forma eficiente, garantizando la calidad en la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de los ciudadanos.
En cuarto lugar, la colaboración establece la necesidad de promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones en la elaboración de las políticas públicas, así como fomentar la cooperación entre las Administraciones Públicas.
En quinto lugar, se establece el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, lo cual implica que las Administraciones Públicas deben facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos a través de medios electrónicos, garantizando la seguridad y la confidencialidad de la información.
Por último, la orientación al usuario establece que las Administraciones Públicas deben prestar sus servicios de forma ágil y eficiente, adaptándose a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y promoviendo la atención personalizada.
El artículo 16 de la Ley 39/2015 establece que los órganos de las administraciones públicas podrán utilizar medios electrónicos para la realización de cualquier actuación administrativa. Esto incluye la presentación de documentos, la realización de trámites o la notificación de resoluciones y actos administrativos.
Además, este artículo establece que las personas interesadas podrán elegir el medio por el cual desean relacionarse con la administración, siempre y cuando este sea válido y no suponga una carga económica para ellos.
La Ley 39/2015 también establece que las comunicaciones y notificaciones electrónicas tendrán los mismos efectos jurídicos que las realizadas de forma presencial. Es decir, tendrán plenos efectos legales y deberán ser atendidas en los plazos establecidos por la normativa vigente.
El artículo 16 también establece que la administración deberá garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los medios electrónicos utilizados en las actuaciones administrativas. Esto implica que los sistemas informáticos utilizados deben ser seguros y protegidos contra posibles ataques o vulnerabilidades.
Además, este artículo establece que los ciudadanos deberán proporcionar su dirección electrónica como medio de notificación, a menos que opten por otro medio válido. Esto se realiza con el objetivo de fomentar el uso de medios electrónicos en la relación entre los ciudadanos y la administración pública.
En resumen, el artículo 16 de la Ley 39/2015 establece la utilización de medios electrónicos en las actuaciones administrativas, garantizando la validez y los efectos jurídicos de estas comunicaciones. También establece la responsabilidad de la administración en la protección de los medios electrónicos utilizados y fomenta el uso de la dirección electrónica como medio de notificación.
El artículo 13 de la Ley 39/2015 establece las reglas y procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Este artículo tiene como objetivo garantizar la transparencia y la eficacia en la relación entre la administración pública y los ciudadanos.
El artículo 13 establece que los ciudadanos tienen derecho a interactuar con la administración pública a través de medios electrónicos, siempre que se respeten las garantías de seguridad y confidencialidad. Este derecho se aplica a todos los trámites y procedimientos administrativos, así como a la consulta de información y la presentación de documentos.
Según el artículo 13, la administración pública está obligada a crear y mantener sistemas informáticos que permitan el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Estos sistemas deben ser seguros, interoperables y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
El artículo 13 también establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir notificaciones y comunicaciones de la administración pública a través de medios electrónicos, siempre y cuando se garantice la autenticidad de dichas comunicaciones. Estas notificaciones y comunicaciones se considerarán válidas y producirán efectos jurídicos desde el momento en que se pongan a disposición del ciudadano en el sistema electrónico correspondiente.
En resumen, el artículo 13 de la Ley 39/2015 garantiza el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, estableciendo las reglas y procedimientos para su ejercicio. Este artículo busca fomentar la transparencia y la eficacia en la relación entre la administración pública y los ciudadanos, promoviendo el uso de medios electrónicos para agilizar los trámites administrativos.