¿Qué dice el artículo 9.1 de la Constitución?

El artículo 9.1 de la Constitución establece que los poderes públicos están sujetos a la ley y deben actuar conforme a ella, garantizando la seguridad jurídica. Además, se establece que los ciudadanos y las organizaciones tienen el derecho de acceder a los archivos y registros administrativos, salvo aquellos que afecten a la seguridad y defensa del Estado.

Este artículo también establece el principio de responsabilidad de los poderes públicos, es decir, que deben responder por los actos que realicen y deben seguir los procedimientos establecidos por la ley. Además, se establece que la Administración Pública debe actuar de acuerdo con los principios de eficacia y economía, evitando la burocracia y la agilizando la gestión de los recursos públicos.

Otro aspecto importante que se menciona en este artículo es la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad entre los ciudadanos y las regiones sea real y efectiva. Esto implica la adopción de medidas para prevenir y corregir las desigualdades existentes, así como la promoción de políticas de igualdad de oportunidades.

¿Qué garantiza el artículo 9 de la Constitución?

El artículo 9 de la Constitución garantiza el principio de legalidad, estableciendo que los ciudadanos y las autoridades están sujetos a la ley y deben cumplirla. Además, establece que el Estado tiene la responsabilidad de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad sean efectivas y reales.

Esta garantía significa que todas las personas, sin importar su posición o estatus social, están bajo el marco de la ley y deben respetarla. La Constitución establece las reglas y normas que rigen la convivencia en sociedad, y a través del artículo 9 se asegura de que estas reglas sean cumplidas.

El principio de legalidad es fundamental para mantener el orden y la paz en una sociedad. Significa que todos los actos de las autoridades deben estar respaldados por leyes y que los ciudadanos tienen el derecho de ser juzgados por tribunales imparciales y en base a leyes establecidas previamente.

Además, el artículo 9 garantiza que las autoridades deben actuar de acuerdo con la ley y no pueden tomar decisiones arbitrarias o abusar de su poder. La Constitución establece que el ejercicio de la autoridad debe ser siempre en beneficio de los ciudadanos y bajo los límites que fijan las leyes.

El artículo 9 de la Constitución también garantiza el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Esto significa que cualquier persona tiene el derecho de acudir a los tribunales y recibir un juicio justo e imparcial en caso de conflicto o violación de sus derechos.

En resumen, el artículo 9 de la Constitución garantiza el principio de legalidad, estableciendo que tanto los ciudadanos como las autoridades están sujetos a la ley. Además, asegura que las autoridades actúen dentro de los límites establecidos y que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia.

¿Qué dice el artículo 9.2 de la Constitución Española?

El artículo 9.2 de la Constitución Española establece el principio de legalidad y seguridad jurídica en el país.

Este artículo establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para que la igualdad y la libertad de los ciudadanos sean reales y efectivas.

Además, el artículo 9.2 también establece que los poderes públicos deben garantizar la seguridad jurídica, que se traduce en que las normas deben ser claras, precisas y predecibles, evitando así la arbitrariedad en la toma de decisiones.

Este artículo, por lo tanto, garantiza que los ciudadanos tengan certeza en cuanto a las leyes y normas que rigen en el país, y que estas sean aplicadas de manera justa y equitativa.

En resumen, el artículo 9.2 de la Constitución Española establece el principio de legalidad y seguridad jurídica, garantizando así la igualdad, libertad y certeza para todos los ciudadanos.

¿Cómo se enuncia el principio de legalidad en el artículo 9.1 de la Constitución?

El principio de legalidad se enuncia en el artículo 9.1 de la Constitución de manera clara y precisa. Este artículo establece que "los ciudadanos y las autoridades están sujetos a la ley", lo que implica que todos deben cumplir con las normas establecidas por el ordenamiento jurídico.

Este principio se basa en la idea fundamental de que el ejercicio del poder público debe estar limitado por las leyes, garantizando así la seguridad jurídica de los ciudadanos. Además, el artículo 9.1 establece que "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales", lo que significa que una ley no puede aplicarse de forma retroactiva para perjudicar a las personas.

Otro aspecto relevante del principio de legalidad en el artículo 9.1 es que establece que "la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento". Esto implica que todos los ciudadanos deben conocer las leyes y acatarlas, independientemente de si conocen o no su contenido.

Este principio también se relaciona con el concepto de igualdad ante la ley, ya que establece que todos los ciudadanos, sin importar su posición social, deben cumplir con las mismas leyes y ser tratados de manera igualitaria por las autoridades.

¿Que se garantiza en el artículo 9.3 de la Constitución Española?

El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza el principio de igualdad de las personas ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier motivo. Este principio es fundamental para asegurar la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

En este artículo se establece que las autoridades públicas tienen la obligación de promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva, garantizando la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social del país. De esta forma, se busca garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y progreso.

El artículo también hace hincapié en la necesidad de eliminar los obstáculos que pueda haber para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, y en promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto implica que no se pueden establecer diferencias injustificadas ni tratos discriminatorios por género.

Asimismo, se establece que los poderes públicos deben garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, impulsando las medidas necesarias para eliminar las barreras que les impidan su participación activa en la sociedad.

En resumen, el artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley, promoviendo la igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, y garantizando la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Este principio es fundamental para mantener un Estado democrático y garantizar la plena participación de todos los ciudadanos en la sociedad.