El artículo 71 de la Ley 36 2011 establece las bases para el funcionamiento de los órganos consultivos en el ámbito de la administración pública. Según esta ley, estos órganos son de carácter consultivo y su función principal es asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en determinadas áreas de interés público.
Estos órganos consultivos estarán integrados por expertos en la materia correspondiente y serán designados por las autoridades competentes. Su participación es voluntaria y su objetivo es proporcionar un análisis objetivo y profesional en las cuestiones que se les planteen.
El artículo 71 establece que los órganos consultivos podrán realizar informes, emitir dictámenes y formular propuestas en relación con las cuestiones que les sean sometidas. Sin embargo, su función es meramente consultiva y no vinculante, es decir, las autoridades competentes no estarán obligadas a seguir sus recomendaciones.
En cuanto a la organización interna de estos órganos, el artículo 71 establece que podrán contar con una presidencia, una secretaría y otros cargos que consideren necesarios para su funcionamiento. Además, se promoverá la participación equilibrada de hombres y mujeres en su composición.
En resumen, el artículo 71 de la Ley 36 2011 regula el funcionamiento de los órganos consultivos en la administración pública, estableciendo sus características principales y su papel de asesoramiento en la toma de decisiones. Estos órganos son de carácter voluntario y sus recomendaciones no son vinculantes para las autoridades competentes.
El procedimiento laboral es una etapa fundamental para resolver conflictos en el ámbito del trabajo. Durante este proceso, se llevan a cabo actos de conciliación y juicio que permiten llegar a acuerdos entre las partes involucradas.
En algunas ocasiones, es necesario suspender estos actos debido a diferentes circunstancias que puedan presentarse. Según la legislación laboral, quien tiene la facultad para suspender los actos de conciliación y juicio es el juez o tribunal encargado del caso.
El juez o tribunal puede decidir suspender los actos de conciliación y juicio por diversas razones. Una de ellas puede ser la solicitud de alguna de las partes, que deberá presentar los motivos pertinentes para justificar dicha suspensión. Adicionalmente, el juez o tribunal puede tomar en cuenta factores como la complejidad del caso, la necesidad de recopilar mayor evidencia, entre otros.
Es importante destacar que la suspensión de los actos de conciliación y juicio no implica la cancelación definitiva del procedimiento laboral. Simplemente se pospone para una fecha posterior en la que se puedan resolver las situaciones que llevaron a la suspensión.
En resumen, el juez o tribunal encargado del caso es quien tiene la autoridad para suspender los actos de conciliación y juicio en el procedimiento laboral. Esta suspensión puede ser solicitada por alguna de las partes o decidida por el juez o tribunal, y no implica la cancelación definitiva del proceso.
La jurisdicción social es un ámbito del derecho que se encarga de regular los conflictos laborales y de seguridad social que puedan surgir entre los empleadores y los trabajadores. Esta jurisdicción se rige por una ley específica, la Ley de la Jurisdicción Social.
Esta ley establece los procedimientos y los recursos legales que se deben seguir en caso de controversias laborales, tales como despidos, reclamaciones salariales, indemnizaciones, accidentes laborales, entre otros. También regula los derechos y las obligaciones de ambas partes, con el objetivo de garantizar un equilibrio en las relaciones laborales.
La Ley de la Jurisdicción Social se aplica en toda España y tiene como finalidad proteger los intereses de los trabajadores, así como velar por el cumplimiento de las leyes laborales vigentes. Esta ley establece los juzgados y tribunales especializados en materia laboral, así como los plazos y los mecanismos para presentar demandas y recursos.
Además, la Ley de la Jurisdicción Social regula también la actuación de los jueces y magistrados encargados de resolver los conflictos laborales. Establece los principios que deben regir su actuación, tales como la imparcialidad, la objetividad y la independencia judicial.
Es importante destacar que la jurisdicción social es fundamental para garantizar la protección de los derechos laborales y para resolver de manera justa y equitativa los conflictos que puedan surgir en el ámbito laboral. La Ley de la Jurisdicción Social juega un papel clave en este sentido, pues garantiza la existencia de un marco legal claro y seguro para ambas partes.
La LJS es la abreviatura de Liga de Jóvenes Sonideros, un evento único en su tipo que reúne a jóvenes apasionados por la música y el baile provenientes de diferentes partes del país.
Esta liga nació con el objetivo de promover y preservar la cultura de los sonidos urbanos, que son un género musical originario de México y muy popular en diversas comunidades.
En la LJS se realizan competencias de baile entre diferentes equipos representantes de distintas colonias, barrios o municipios. Estas competencias son una muestra del talento y la destreza que los jóvenes sonideros han desarrollado en este estilo de baile.
Además de las competencias de baile, en la Liga de Jóvenes Sonideros también se llevan a cabo conciertos, talleres, conferencias y exposiciones relacionadas con la cultura de los sonidos urbanos. De esta manera, se busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes.
El objetivo principal de la LJS es brindar un espacio donde los jóvenes puedan expresarse a través de la música y el baile, fomentando así valores como el compañerismo, el respeto y la superación personal.
Si eres amante de los sonidos urbanos y quieres vivir una experiencia única, no puedes perderte los eventos y actividades que la Liga de Jóvenes Sonideros tiene para ofrecerte. ¡Únete a esta gran comunidad y sé parte del movimiento sonidero!
El proceso laboral se regula en diferentes leyes y normativas que varían según el país. En España, por ejemplo, el proceso laboral se encuentra regulado principalmente por la Ley de Procedimiento Laboral, que establece las normas y procedimientos a seguir en los conflictos laborales entre empleadores y trabajadores.
En este sentido, la Ley de Procedimiento Laboral establece las reglas para la presentación de demandas, la tramitación de los juicios laborales, las notificaciones, las conciliaciones y otras acciones relacionadas con el proceso laboral. Asimismo, también se regulan los derechos y obligaciones de las partes involucradas.
Otro aspecto relevante en la regulación del proceso laboral es la legislación laboral vigente, que determina los derechos laborales y las responsabilidades de empleadores y trabajadores. En España, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores es una de las principales normas que regulan las relaciones laborales.
Además de las leyes y normativas mencionadas, también existen organismos encargados de regular y supervisar el proceso laboral. Uno de los más importantes en España es el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se encarga de promover y regular las políticas laborales, así como de supervisar el cumplimiento de las leyes laborales.
En conclusión, el proceso laboral se regula en diferentes leyes y normativas, como la Ley de Procedimiento Laboral y la legislación laboral vigente, que establecen los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Además, existen organismos encargados de supervisar y regular el proceso laboral, como el Ministerio de Trabajo y Economía Social en España.