El artículo 17 de la Constitución Española se centra en la protección de la libertad y la seguridad de las personas. En primer lugar, establece el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personal, que solo pueden ser privadas en los casos y en la forma previstos por la ley.
Además, el artículo 17 establece que toda persona detenida o retenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos. Asimismo, se debe garantizar la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, así como la posibilidad de comunicarse con una persona de su elección.
Otro de los aspectos importantes que contempla el artículo 17 de la Constitución española es el derecho a habeas corpus, que garantiza que toda persona que se encuentra detenida o retenida ilegalmente pueda comparecer inmediatamente ante un juez o tribunal para que este decida sobre la legalidad de su situación y ordene su liberación en caso de que proceda.
En definitiva, el artículo 17 de la Constitución Española establece los fundamentos básicos de la protección de los derechos humanos, la libertad y la justicia en nuestro país. Gracias a su claridad y precisión, este precepto resulta esencial para evitar abusos o arbitrariedades policiales y para garantizar que todas las personas disfruten de los mismos derechos y libertades.
El artículo 17 constitucional en México es un apartado fundamental que establece las bases para el acceso a la justicia en el país. Este artículo garantiza a todos los mexicanos el derecho a un juicio justo y expedito, así como a la presunción de inocencia.
En su primer párrafo, el artículo 17 constitucional hace hincapié en que ninguna persona podrá ser detenida sin una orden judicial, excepto en casos de flagrancia. Además, se establece que toda persona tiene derecho a conocer las causas y motivos de su detención.
Otro punto importante del artículo 17 constitucional es el derecho a la defensa técnica. Esto significa que toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado o defensor público en caso de ser acusada de algún delito.
Asimismo, el artículo 17 constitucional establece la obligación de las autoridades judiciales de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas involucradas en un juicio, tanto del acusado como de las víctimas y los testigos.
En resumen, el artículo 17 constitucional es una herramienta clave para garantizar la justicia en México y proteger los derechos de todas las personas involucradas en un juicio. Este artículo establece una serie de derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a la defensa técnica, entre otros.
El artículo 17.2 de la Constitución Española se refiere a un punto clave en lo que respecta al derecho a la propiedad privada. En resumen, este artículo establece que la propiedad privada no puede ser expropiada excepto en casos de interés público y siempre que se sigan los procedimientos legalmente establecidos y se reciba justa compensación.
Es decir, el artículo 17.2 de la CE tutela la propiedad privada como un derecho fundamental de los ciudadanos y establece las condiciones y limitaciones para que el Estado pueda expropiarla. En otras palabras, el Estado está obligado a respetar la propiedad privada de los ciudadanos y sólo puede privarles de ella en caso de que exista un interés público apremiante y siempre que se respeten las garantías procesales.
Esta disposición es especialmente importante porque protege a los ciudadanos de posibles abusos o arbitrariedades por parte del Estado, en el ejercicio de sus poderes. La expropiación de la propiedad privada es una medida drástica que sólo puede utilizarse en casos excepcionales y siempre que se justifique adecuadamente.
Por lo tanto, el artículo 17.2 de la Constitución Española es una salvaguarda importante para garantizar la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite al Estado actuar en defensa del interés general, siempre que lo haga con transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
En definitiva, el artículo 17.2 de la CE establece las bases legales para la expropiación de la propiedad privada en casos de interés público, pero siempre respetando los derechos fundamentales y las garantías procesales de los ciudadanos.
El procedimiento de habeas corpus tiene una finalidad muy específica y clara según el Artículo 17 de la Constitución Española. En primer lugar, debemos tener en cuenta que esta figura jurídica es de vital importancia en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades individuales de cualquier persona.
Por tanto, la finalidad principal del procedimiento de habeas corpus es la protección del ciudadano contra posibles detenciones ilegales, así como la garantía de su inmediata puesta a disposición judicial en el caso de que sea privado de libertad de manera arbitraria.
Además, cabe destacar que la finalidad del procedimiento de habeas corpus se extiende también a la protección de cualquier persona que se encuentre sometida a una situación de privación de libertad ilegal o arbitraria, independientemente de su nacionalidad o estatus legal.
En resumen, el procedimiento de habeas corpus posee una finalidad muy concreta, que es la protección de los derechos y libertades de la persona frente a posibles detenciones ilegales o arbitrarias. Se trata de una figura jurídica fundamental en cualquier Estado de Derecho, y su aplicación adecuada es esencial para garantizar la defensa y el respeto de los derechos humanos.
El artículo 20 de la Constitución Española de 1978 reconoce y protege el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad de opinión y la libertad de difundir y recibir información veraz por cualquier medio de comunicación.
Además, el artículo 20 establece que este derecho también incluye la libertad de creación artística, científica y técnica, así como la libertad de cátedra.
No obstante, la Constitución establece que este derecho no es absoluto y que puede ser limitado en caso de que se atente contra otros derechos fundamentales o se utilice para incitar a la violencia o al odio.
Otro aspecto importante que se recoge en este artículo es la protección del secreto profesional de los periodistas y la prohibición de la censura previa.
En resumen, el artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege el derecho fundamental a la libertad de expresión, pero establece límites y prohibiciones para su ejercicio en caso de que se utilice indebidamente o atente contra otros derechos fundamentales.