El artículo 14 de la Constitución Española es uno de los preceptos más importantes de la Carta Magna, ya que establece el principio de igualdad ante la ley sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Este artículo reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y los tribunales, así como el derecho a la igualdad de trato por parte de las autoridades públicas y la prohibición de cualquier tipo de discriminación en el acceso a cargos públicos, la administración de justicia y la prestación de servicios públicos.
Además, este precepto constitucional también garantiza la igualdad de los españoles ante la ley independientemente de su lugar de residencia, la prohibición de la tortura o tratos inhumanos o degradantes, y la obligación de los poderes públicos de proteger a los ciudadanos frente a cualquier tipo de discriminación.
El artículo 14 de la Constitución Española es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, ya que garantiza el principio básico de justicia e igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Es por eso que su cumplimiento es esencial para el mantenimiento de una sociedad justa y equitativa.
El artículo 17 de la Constitución española establece una serie de derechos fundamentales que son de vital importancia en cuanto a la protección y preservación de la libertad individual y la seguridad ciudadana.
Una de las primeras cosas que se establecen en este artículo es la inviolabilidad del domicilio. Esto quiere decir que el domicilio de una persona es inviolable y la entrada en el mismo sin consentimiento del titular sólo podrá llevarse a cabo en los casos y formas previstos por la Ley.
Otro de los aspectos que contempla el artículo 17 de la Constitución española es la libertad de circulación. Esta libertad incluye tanto la de entrar como a salir del territorio español, así como la de desplazarse libremente por el mismo y de cambiar de residencia o domicilio.
Además, en el artículo 17 se establece el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Esto quiere decir que ninguna persona puede ser detenida o retenida sino en los casos y en la forma previstos por la Ley. Asimismo, se garantiza la integridad física y moral de todo ciudadano.
En resumen, el artículo 17 de la Constitución española consagra una serie de derechos fundamentales que son esenciales para garantizar una sociedad libre y segura. Entre ellos se encuentran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación y el derecho a la libertad y a la seguridad personal.
El artículo 13 de la Constitución española establece que las libertades y derechos fundamentales reconocidos en el Capítulo II de la Constitución serán respetados y protegidos dentro del ámbito judicial, legislativo y ejecutivo.
Además, se establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias y se garantiza la libertad de conciencia y la libertad religiosa.
También se establece que el domicilio de las personas es inviolable y solo puede ser registrado en los casos y en la forma previstos por la ley.
Por último, se garantiza la protección de datos personales y se establece que el tratamiento de estos datos solo podrá ser llevado a cabo conforme a lo establecido por la ley.
El artículo 28 de la Constitución española se refiere al derecho a la libertad sindical y a la huelga, así como a la creación de asociaciones empresariales y profesionales.
Este artículo establece que todos tienen derecho a constituir sindicatos y a afiliarse a ellos para la defensa de sus intereses, así como a concurrir a la creación de asociaciones empresariales y profesionales. La libertad sindical está protegida por la ley y los poderes públicos deben garantizar su ejercicio.
Además, el artículo 28 reconoce el derecho a la huelga como un medio legítimo de defensa de los intereses de los trabajadores y establece que su ejercicio se regirá por la ley. Esto significa que los trabajadores tienen derecho a protestar y a suspender su trabajo temporalmente para conseguir mejoras laborales o sociales. Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede ser limitado en función de las necesidades de la sociedad.
En resumen, el artículo 28 de la Constitución española consagra la libertad sindical, el derecho de asociación empresarial y profesional y el derecho a la huelga, garantizando su protección por la ley y por los poderes públicos.
El artículo 9.2 de la Constitución Española establece el principio de
"la obligación" de las autoridades de promover las condiciones
para que la igualdad sea efectiva y para que los ciudadanos puedan
ejercer sus libertades y derechos de forma plena.
Este artículo también establece que las normas deben ser interpretadas
de acuerdo con la Constitución y con la finalidad de promover el bien
común y el interés general.
Asimismo, el artículo 9.2 señala que los poderes públicos deben
garantizar la defensa de la competitividad de la economía española,
fomentar la investigación científica y tecnológica y proteger y
promover la calidad de vida de los ciudadanos.
Es importante tener en cuenta que el artículo 9.2 de la Constitución
forma parte de la declaración de principios rectores de la política
social y económica y no tiene carácter jurídico vinculante.
En conclusión, el artículo 9.2 de la Constitución Española establece
la obligación de las autoridades de promover la igualdad y el pleno
ejercicio de los derechos y libertades, así como la necesidad de tener
en cuenta el bien común y la competitividad económica, la investigación
científica y tecnológica, y la calidad de vida de los ciudadanos.