¿Qué dice el artículo 128 de la Constitución Española?
El artículo 128 de la Constitución Española establece que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Es decir, que la riqueza, independientemente de quién la posea, debe estar al servicio del bien común.
Además, el artículo especifica que "se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia", pero también indica que estos derechos deben estar "subordinados a las exigencias del interés general" y que su ejercicio debe estar orientado a "la utilidad pública y la justicia social".
Por lo tanto, el artículo 128 de la Constitución Española establece un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y el interés general, promoviendo la importancia de utilizar la riqueza del país de manera íntegra y efectiva en beneficio del bienestar colectivo.
Este artículo no solo se aplica a empresas o patrimonios particulares, sino también al patrimonio cultural y natural del país, estableciendo su conservación y protección como prioritaria para el interés general.
En resumen, el artículo 128 de la Constitución Española garantiza el derecho a la propiedad privada, pero siempre subordinado al interés general y promoviendo el bien común en beneficio de toda la sociedad.
¿Qué nos dice el artículo 128?
El artículo 128 es un precepto legal que se encuentra en la Constitución Española de 1978. Este artículo es de gran importancia ya que establece las bases de la economía del país, estableciéndola como una economía social de mercado.
En este sentido, el artículo 128 establece que todas las actividades económicas deben estar sujetas al interés general y que el Estado tiene el deber de velar por la consecución de dicho interés. Además, se establece que la iniciativa privada es libre, pero debe estar en consonancia con el interés general y que, en caso de conflicto, debe prevalecer este último.
Otro punto importante que nos dice el artículo 128 es que el sistema económico español debe garantizar la redistribución de la renta y de la riqueza de forma equitativa y solidaria. Esto significa que el Estado tiene la obligación de promover políticas públicas que favorezcan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y que luchen contra la desigualdad social.
Finalmente, el artículo 128 establece que el poder económico debe estar al servicio del bienestar de la sociedad en su conjunto y que la libre competencia debe ser compatible con la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Además, se establece que los poderes públicos deben garantizar la eficiencia en la asignación de los recursos productivos.
En resumen, el artículo 128 nos dice que la economía de España debe estar al servicio del bienestar general y que el Estado tiene la obligación de intervenir en el mercado para garantizar que se cumpla este objetivo.
¿Qué significa el artículo 108 de la Constitución Española?
El artículo 108 de la Constitución Española es uno de los artículos más importantes de esta ley fundamental. Este artículo establece que la aprobación o enmienda de la Constitución española requiere que dos terceras partes del Congreso de los Diputados y del Senado aprueben la solicitud de reforma.
Este artículo también establece que, una vez que se ha aprobado una enmienda constitucional, se debe hacer pública y someterla a referéndum para su aprobación o rechazo por parte del pueblo español.
Este artículo es fundamental porque establece los procedimientos necesarios para enmendar la Constitución española, lo que significa que cualquier cambio a la Constitución debe ser aprobado por una mayoría cualificada en ambas cámaras del Congreso y someterse a la aprobación del pueblo español a través de un referéndum.
El artículo 108 de la Constitución española es una garantía para la estabilidad y la continuidad del marco jurídico fundamental de España. Permite que los cambios se realicen de manera responsable y cuidadosa a través de procedimientos establecidos, asegurando así que cualquier revisión de la Constitución sea considerada con la seriedad y el respeto que merece.
En conclusión, el artículo 108 de la Constitución española es un artículo sumamente importante ya que establece los procedimientos necesarios para enmendar la Constitución española, lo que garantiza la estabilidad y la continuidad del marco jurídico fundamental de España.
¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución Española?
El artículo 31 de la Constitución Española establece los principios fundamentales de la financiación pública en España.
En primer lugar, el artículo 31 señala que todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
Además, se establece que el sistema tributario español se basará en los principios de igualdad, progresividad y capacidad económica, es decir, que cada individuo pagará impuestos de acuerdo a sus ingresos y que aquellos que más ganen contribuirán proporcionalmente más al sostenimiento del Estado.
El artículo 31 también establece que nadie podrá ser obligado a realizar pagos que no estén previstos en una ley o impuestos confiscatorios, y que la ley regulará las obligaciones de declarar bienes y derechos que tengan un valor económico importante.
En resumen, el artículo 31 de la Constitución Española establece los principios fundamentales de la financiación pública en España, buscando siempre garantizar la igualdad y proporcionalidad en la contribución de cada ciudadano al sostenimiento del Estado.
¿Cuándo será la justicia gratuita según la Constitución?
La Constitución Española de 1978 establece que todo ciudadano tiene derecho a una justicia gratuita cuando la carencia de recursos le impida el acceso a la misma.
Sin embargo, actualmente la justicia gratuita no funciona de manera adecuada, y es que a menudo el proceso para obtenerla es muy complicado y se tarda demasiado tiempo en concederla.
Según el Consejo General de la Abogacía, la situación empeoró con los recortes presupuestarios de 2012, que llevaron a una limitación de los requisitos para acceder a la justicia gratuita y a una reducción de plazos para resolver las solicitudes.
Es necesario que se establezcan medidas urgentes para garantizar el derecho a una justicia gratuita efectiva, ya que muchas personas se ven privadas de su derecho de acceso al sistema judicial debido a la falta de recursos económicos.
En resumen, la justicia gratuita efectiva es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho, y por tanto se debe trabajar en su mejora y en la eliminación de barreras que impiden su acceso. Todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo, independientemente de su situación económica.