¿Qué dice el artículo 128 de la Constitución?
El artículo 128 de la Constitución es un artículo que establece normas sobre la administración del patrimonio público.
Este artículo señala que el patrimonio público es inalienable e imprescriptible, lo que significa que no puede ser vendido o transferido a terceros y que no caduca con el tiempo.
También establece que la ley regulará el destino de los bienes expropiados y la forma en que éstos serán indemnizados. Esto es muy importante porque se garantiza que los ciudadanos no pierdan sus propiedades sin una compensación justa en caso de ser expropiadas por el estado.
Otra cosa que destaca el artículo 128 es que la administración del patrimonio público debe ser eficiente y justa. Esto significa que no puede haber un uso indebido o inapropiado de los recursos públicos y que cualquier actividad en el marco de la administración del patrimonio público debe ser justa y equitativa.
En resumen, el artículo 128 de la Constitución establece principios importantes sobre la administración del patrimonio público, como su inalienabilidad, imprescriptibilidad, y destinación de los bienes expropiados e indemnizaciones justas. También insiste en la necesidad de una administración eficiente y justa de los recursos públicos.
¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución Española?
El artículo 31 de la Constitución Española establece las bases del sistema tributario español y sus principios fundamentales. Este artículo es de gran importancia ya que afecta directamente a todos los ciudadanos españoles.
En primer lugar, el artículo establece el principio de igualdad ante la ley en materia tributaria, lo que significa que todas las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.
En segundo lugar, se establece el principio de progresividad, que implica que a medida que aumenta la capacidad económica de una persona, también aumenta su carga tributaria proporcionalmente.
Además, el artículo 31 deja claro que el establecimiento de impuestos debe respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas establecidas en la Constitución.
Finalmente, el artículo establece la necesidad de que los tributos sean justos y adecuados, y que se apliquen de forma eficiente, equitativa y suficiente para financiar los servicios públicos y las infraestructuras necesarias para el bienestar de la sociedad.
¿Cómo regula la Constitución española el poder tributario del Estado y el de las Comunidades Autónomas?
La Constitución española establece una distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia tributaria. El poder tributario es una competencia exclusiva del Estado, pero las Comunidades Autónomas también tienen la capacidad de crear y gestionar impuestos, en el marco de sus competencias.
La Constitución establece en su artículo 133.1 que el Estado tiene competencia exclusiva en las siguientes áreas: aduanas, aranceles e impuestos especiales; otros impuestos indirectos que graven las ventas y entregas de bienes y servicios; impuestos sobre la renta y patrimonio de las personas físicas y jurídicas; y tasas por el ejercicio de competencias estatales.
Por otro lado, el artículo 156.1 establece que las Comunidades Autónomas tienen capacidad para crear y gestionar impuestos, en el marco de sus competencias, siempre y cuando no entren en conflicto con los impuestos estatales y no contravengan lo dispuesto en las leyes generales del Estado.
En este sentido, la Constitución establece ciertas limitaciones al poder tributario de las Comunidades Autónomas, con el fin de garantizar la coherencia y estabilidad del sistema tributario en el conjunto del territorio nacional. La competencia tributaria autonómica queda, por tanto, subordinada a la competencia exclusiva del Estado.
En conclusión, la Constitución española establece una distribución competencial del poder tributario entre el Estado y las Comunidades Autónomas, garantizando así una gestión adecuada y coherente del sistema tributario en todo el territorio nacional. Esta distribución ha permitido una gestión efectiva y equilibrada en materia tributaria entre los diferentes niveles de la administración pública.
¿Cómo protege la Constitución española la actividad de las empresas en todo el territorio nacional?
La Constitución española protege de manera explícita la actividad de las empresas en todo el territorio nacional. En el artículo 38 se reconoce la libertad de empresa, lo que significa que cualquier persona puede crear una empresa sin obstáculos o restricciones por parte del Estado.
Además, en el artículo 128 se establece que el mercado y la libre competencia son los principios rectores de la economía española. Es decir, se fomenta una economía abierta y competitiva para que las empresas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sin competencia desleal.
Otro aspecto importante es que la Constitución garantiza la propiedad privada y el derecho a su uso y disfrute (artículo 33). Esto significa que las empresas tienen la seguridad necesaria para invertir y crear riqueza en el territorio español sin temor a que se les expropien sus bienes o se les limiten sus derechos.
Además, en el artículo 40 se establece que el Estado promoverá un desarrollo económico sostenible y defenderá el medio ambiente. Esto significa que, aunque la actividad de las empresas esté protegida, estas deberán cumplir con normas y regulaciones para garantizar el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad del territorio.
En resumen, la Constitución española protege la actividad de las empresas al establecer una economía abierta y competitiva, garantizar la propiedad privada y el derecho a su uso y disfrute, y promover un desarrollo económico sostenible. Esto permite que las empresas puedan operar con seguridad y sin restricciones excesivas del Estado en todo el territorio nacional.
¿Qué es la iniciativa pública en la actividad económica?
La iniciativa pública en la actividad económica se refiere a la participación activa del sector público en la economía de un país. Esto se logra a través de la implementación de políticas y programas gubernamentales que buscan proteger el interés público y garantizar el bienestar de la población.
La iniciativa pública se puede manifestar de diversas maneras, como a través del establecimiento de empresas estatales que compiten directamente con el sector privado, la regulación y control de los precios y la oferta de productos, la imposición de impuestos y aranceles para proteger la industria nacional, y la provisión de bienes y servicios básicos para la población más vulnerable.
La iniciativa pública también puede ser una respuesta a fallas del mercado, como la falta de inversión privada en áreas clave como la educación, la salud o la infraestructura. En estos casos, el Estado puede intervenir para proveer de recursos y llevar a cabo proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto.