¿Qué debe expresar la interposición de un recurso?
La interposición de un recurso en el ámbito jurídico es un acto mediante el cual se busca impugnar una resolución judicial o administrativa que se considera incorrecta o perjudicial para los intereses de una persona o entidad.
Es un mecanismo legal que permite a las partes afectadas por una decisión impugnarla y solicitar su revisión por parte de una autoridad superior. El recurso debe expresar de manera clara y precisa las razones por las cuales se considera que la resolución es incorrecta o ha vulnerado derechos fundamentales.
En su presentación, el recurso debe cumplir con ciertos requisitos formales establecidos por la ley. Es importante incluir la identificación de las partes involucradas, así como los fundamentos legales en los que se sustenta la impugnación. Además, se debe presentar dentro del plazo establecido para su interposición, que suele ser breve.
El objetivo principal de la interposición de un recurso es lograr que la resolución impugnada sea revisada y eventualmente revocada o modificada. Para ello, es fundamental argumentar de manera sólida y convincente las supuestas irregularidades o errores cometidos en la decisión inicial.
Los recursos pueden ser presentados ante distintas instancias, dependiendo del tipo de resolución impugnada. Pueden ser presentados ante tribunales de justicia, juzgados administrativos, o incluso ante organismos internacionales cuando se alega la violación de derechos humanos.
En conclusión, la interposición de un recurso debe expresar de manera clara y fundamentada las razones por las cuales se considera que una resolución es incorrecta. Es un mecanismo legal que busca corregir posibles injusticias o errores cometidos en decisiones judiciales o administrativas y garantizar el respeto a los derechos de las partes involucradas.
¿Qué dice el artículo 35 de la Ley 39 2015?
El artículo 35 de la Ley 39 2015 establece las normas y procedimientos que se aplicarán en relación con el acceso de los ciudadanos a los servicios y trámites administrativos por medios electrónicos.
Según este artículo, las Administraciones Públicas deben garantizar que los ciudadanos puedan realizar, por medios electrónicos, la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que tengan que hacer en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
Además, el artículo 35 también establece la posibilidad de que los ciudadanos puedan realizar consultas y obtener información administrativa a través de medios electrónicos, y establece que las Administraciones deben asegurar que estos medios sean accesibles para personas con discapacidad, garantizando su igualdad de acceso.
El objetivo del artículo es promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración Pública, facilitando a los ciudadanos la realización de trámites y gestiones de forma más sencilla, rápida y eficiente.
En resumen, el artículo 35 de la Ley 39 2015 establece los derechos de los ciudadanos a realizar trámites administrativos por medios electrónicos, así como la obligación de las Administraciones Públicas de facilitar estos medios y garantizar su accesibilidad.
¿Qué dice el artículo 82 de la Ley 39 2015?
El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece las condiciones y requisitos para la utilización de medios electrónicos en las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos.
Según este artículo, las administraciones públicas están obligadas a garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones a través de medios electrónicos, siempre que esto sea posible.
El artículo establece que las administraciones públicas deben adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos, evitando cualquier discriminación y garantizando la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Además, se establece que los ciudadanos tienen derecho a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en sus relaciones con la administración pública, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos por la ley.
El artículo también señala que el uso de medios electrónicos en las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos no puede condicionar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos ni el cumplimiento de sus obligaciones.
En resumen, el artículo 82 de la Ley 39/2015 establece las condiciones y requisitos para el uso de medios electrónicos en las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos, garantizando el acceso a los servicios electrónicos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.
¿Qué dice el artículo 16 de la Ley 39 2015?
El artículo 16 de la Ley 39/2015 establece las bases para el funcionamiento del procedimiento administrativo común en España. En este artículo se encuentran reguladas las notificaciones y comunicaciones administrativas, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas a ser informadas de los actos y trámites que les afectan.
De acuerdo con el artículo 16, las notificaciones se realizarán preferentemente por medios electrónicos, siempre y cuando el destinatario haya manifestado su consentimiento expreso para recibir notificaciones de esta forma. En caso de no haberse manifestado este consentimiento o si el medio electrónico no fuera posible, las notificaciones deberán ser realizadas por correo certificado o por cualquier otro medio que deje constancia de su recepción.
Además, el artículo 16 establece que las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en que se haya efectuado el intento de entrega en el domicilio del destinatario. Si este intento de entrega no ha sido posible, la notificación se entenderá practicada en el momento en que conste el primer intento infructuoso.
Es importante destacar la obligación de las administraciones públicas de mantener un registro electrónico de comunicaciones, donde se recogerán las notificaciones y comunicaciones efectuadas tanto por medios electrónicos como por otros medios admitidos por la ley. Este registro permitirá tener constancia de la fecha y el contenido de las notificaciones, así como facilitar su consulta y verificación posterior.
En definitiva, el artículo 16 de la Ley 39/2015 establece las bases para una correcta notificación y comunicación administrativa, garantizando el derecho de las personas a estar informadas de los actos y trámites que les afectan. El uso de medios electrónicos se potencia como forma preferente de notificación, siempre que se cuente con el consentimiento expreso del destinatario. Asimismo, se establece la obligación de mantener un registro electrónico de comunicaciones para asegurar la trazabilidad y la constancia de las notificaciones.
¿Qué dice el artículo 14 de la Ley 39 2015?
El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece los principios de actuación de las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos. Este artículo tiene una gran relevancia, ya que establece las bases para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso y la prestación de los servicios públicos.
En primer lugar, el artículo 14 establece el principio de igualdad ante la ley. Esto significa que todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones, sin importar su origen, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La Administración Pública está obligada a tratar a todas las personas de manera igual y a no discriminarlas injustamente.
Además, el artículo 14 prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de género. Esto implica que las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres, tanto en el acceso a los servicios públicos como en su prestación. La igualdad de género es un principio fundamental que debe regir la actuación de las Administraciones Públicas.
Otro aspecto importante que menciona el artículo 14 es la obligación de las Administraciones Públicas de utilizar un lenguaje claro, sencillo y comprensible en sus actuaciones y comunicaciones con los ciudadanos. Esto garantiza que las personas comprendan de forma adecuada los procedimientos administrativos, evita confusiones y facilita el ejercicio de sus derechos.
En resumen, el artículo 14 de la Ley 39/2015 establece los principios fundamentales de igualdad y no discriminación en las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Este artículo es clave para garantizar el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y para fomentar la transparencia y la comprensión por parte de los ciudadanos de los procedimientos administrativos.